TENENCIA Y DISPOSICION DE TITULOS.
SU TRATAMIENTO FRENTE A LOS IMPUESTOS NACIONALES

Por Santiago L. Montezani
Fuente Errepar
11/01

Acciones, certificados de participación en fideicomisos financieros y cuotapartes de fondos comunes de inversión

2ª PARTE: VALOR AGREGADO, BIENES PERSONALES Y GANANCIA MINIMA PRESUNTA

En esta segunda entrega, y completando la primera parte publicada en el mes de octubre, el autor continúa el análisis fiscal respecto de la tenencia y la disposición de títulos frente a los impuestos nacionales; en este caso, bajo la óptica de los impuestos al valor agregado, sobre los bienes personales y a la ganancia mínima presunta.

I - IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

La norma básica que fija el tratamiento aplicable a las enajenaciones de los bienes que son objeto de nuestro análisis es el artículo 7º, inciso b), de la ley del impuesto al valor agregado (I.V.A.), que declara exentas a las ventas de "títulos de acciones o de obligaciones y otros títulos similares". Esta exención no alcanza a los títulos de acciones y otros similares que no sean válidos y firmados.

En cuanto a los réditos que pudieran obtenerse por la mera tenencia de estos títulos (dividendos y otras utilidades), cabe señalar que quedan fuera del objeto del tributo por no manifestarse hecho imponible alguno.

Asimismo, es menester indicar, en lo que respecta a las transferencias de certificados de participación en fideicomisos financieros y cuotapartes de fondos comunes de inversión, que los artículos 83 de la ley 24441 y 25 de la ley 24083 las eximen del I.V.A., siempre y cuando los mencionados títulos sean colocados por el régimen de oferta pública y, en el caso de los primeros, el fideicomiso financiero se haya constituido con la finalidad de titulizar activos.

Sin embargo, aun cuando no se cumplan estos requisitos, igualmente la disposición de estos títulos estará exenta por aplicación del precitado artículo 7º, inciso b), de la ley de I.V.A.

II - IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES

1. GRAVABILIDAD DE LA TENENCIA DE ACCIONES, CERTIFICADOS DE PARTICIPACION EN FIDEICOMISOS FINANCIEROS Y CUOTAPARTES DE FONDOS COMUNES DE INVERSION

Como es sabido, este tributo sobre el patrimonio sujeta a imposición a los bienes de propiedad de personas físicas o sucesiones indivisas del país o del exterior, existentes al 31 de diciembre de cada año (en el primer caso, se gravan los bienes ubicados tanto en el país como en el exterior, en tanto si el sujeto es del exterior quedan alcanzados por el gravamen exclusivamente los bienes situados en el país). El artículo 24 de la ley 23696 establece un mínimo no imponible o exento de $ 102.300. El gravamen a ingresar surgirá de aplicar la alícuota que corresponda sobre el valor total de los bienes sujetos al impuesto, previa deducción de dicho mínimo exento. Si el excedente del valor total de los bienes sujetos a impuesto sobre el mínimo exento es de hasta $ 200.000, la alícuota a aplicar será del 0,50%, en tanto que si dicho excedente supera esta cifra, la alícuota a aplicar ascenderá a 0,75% (ley de impuesto sobre los bienes personales, arts. 24 y 25; reglamento del impuesto sobre los bienes personales, arts. 26 y 26.1).

En lo que interesa a nuestro análisis, las acciones, certificados de participación en fideicomisos financieros y cuotapartes de fondos comunes de inversión constituyen bienes sujetos al tributo. El artículo 22 de la ley, en sus incisos h) e i), determina la forma de valuación de estos activos. En principio, se valuarán al último valor de cotización al 31 de diciembre de cada año o último valor de mercado a dicha fecha. Cuando se trate de acciones que no coticen en bolsa, se computarán al valor patrimonial proporcional que surja del último balance cerrado al 31 de diciembre del ejercicio que se liquida. En este caso deberán computarse los aumentos y/o disminuciones de capital que se hubieran producido entre la fecha de cierre de la sociedad emisora y el 31 de diciembre del año respectivo. El artículo 20 del reglamento define estos aumentos de capital como aquellos originados en la integración de acciones o aportes de capital, incluidos los aportes irrevocables a cuenta de futuras integraciones de acciones, verificados entre esos dos momentos. El cómputo de dichos aumentos incrementará, en la proporción correspondiente, el valor atribuible a las respectivas acciones. Por su parte, las disminuciones de capital a que alude la ley son las que afectan el valor de las acciones computado, a raíz de dividendos en efectivo o en especie -excluidas acciones liberadas- correspondientes al ejercicio comercial cerrado por la sociedad, distribuidos durante el período fiscal por el que se liquida el impuesto y puestos a disposición en el transcurso de este último, cualquiera fuere el ejercicio comercial de dicha sociedad en el que se hubieran generado las utilidades distribuidas.

En cuanto a los certificados de participación en fideicomisos financieros que no coticen en bolsas o mercados, el inciso i) del artículo 22 de la ley dispone que se valuarán por su costo incrementado, de corresponder, en el importe de las utilidades del fondo fiduciario que se hubieran devengado a favor de sus titulares y que no les hubieran sido distribuidas al 31 de diciembre del año por el que se determina el impuesto.

Por su parte, se prevé que las cuotapartes de fondos comunes de inversión se computarán por su valor de mercado al 31 de diciembre, en tanto que las cuotapartes de renta sin cotización se valuarán por su costo incrementado, de corresponder, con los intereses devengados o, en su caso, con el monto de las utilidades del fondo devengadas en favor de sus titulares y no distribuidas al 31 de diciembre.

2. TENENCIA DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS BAJO ANALISIS POR SUJETOS DEL EXTERIOR. RESPONSABILIDAD SUSTITUTA. PRESUNCION DE "FRONTING"

Un aspecto interesante que pasaremos a analizar es el régimen de sustitución del responsable fiscal previsto en los artículos 26 de la ley y 29 del reglamento.

A fin de hacer efectiva la tributación de los sujetos del impuesto (personas físicas o sucesiones indivisas) domiciliados en el exterior, por sus bienes gravados ubicados en el país, la ley estructura un régimen de responsabilidad sustituta, según el cual cualquier persona de existencia visible o ideal domiciliada en el país que tenga el condominio, posesión, uso, goce, disposición, depósito, tenencia, custodia, administración o guarda de bienes sujetos al impuesto que pertenezcan a aquellos sujetos del exterior, deberán ingresar con carácter de pago único y definitivo por los respectivos bienes al 31 de diciembre de cada año el 0,75% del valor de dichos bienes. No corresponderá efectuar el ingreso establecido en este artículo cuando su importe resulta igual o inferior a $ 255,75. Es decir, los sujetos del exterior, si bien no deducen mínimo no imponible, poseen un mínimo de impuesto a ingresar de $ 255,75. Los responsables obligados al ingreso del gravamen tendrán derecho a reintegrarse el importe abonado, incluso reteniendo y/o ejecutando directamente los bienes que dieron origen al pago.

Ahora bien, la propia norma del artículo 26 dispone que esta responsabilidad sustituta no será de aplicación para los siguientes bienes: bonos y demás títulos valores emitidos por la Nación, las Provincias o las Municipalidades; obligaciones negociables previstas en la ley 23576; acciones y participaciones en el capital de cualquier tipo de sociedad, incluidas las empresas y explotaciones unipersonales; las cuotapartes de fondos comunes de inversión; y las cuotas sociales de las cooperativas. De modo que, como vemos, en lo que interesa a nuestro análisis, las acciones y cuotapartes de fondos comunes de inversión quedarán excluidas de tributación por efecto del mencionado precepto; no así, los certificados de participación en fideicomisos financieros, respecto de los cuales sí se aplica el régimen de sustitución de responsabilidad.

Este mismo artículo 26 también regula el supuesto conocido como "fronting", esto es cuando en determinadas situaciones se presuma la existencia de un sujeto del país alcanzado por el impuesto actuando a través de una sociedad del exterior que detenta la titularidad de los bienes indicados en el párrafo anterior. A continuación pasaremos a desarrollar en qué consiste este régimen.

El cuarto párrafo del artículo que venimos analizando establece que cuando la titularidad directa de los bienes antes mencionados (que como vimos incluyen las acciones y las cuotapartes de fondos comunes de inversión objeto de nuestra consideración) corresponda a sociedades, empresas, establecimientos estables, patrimonios de afectación o explotaciones domiciliados o, en su caso, radicados o ubicados en el exterior, en países que no apliquen regímenes de nominatividad de títulos valores privados (con excepción de compañías de seguros, fondos abiertos de inversión y/o de pensión y entidades financieras cuyas casas matrices estén radicadas en países donde sus bancos centrales hayan adoptado los estándares de supervisión del Comité de Basilea), se presumirá, sin admitir prueba en contrario, que los mismos pertenecen a personas físicas o sucesiones indivisas domiciliadas o, en su caso, radicadas en el país, debiendo sin embargo aplicarse en este caso el régimen de ingreso a través de responsable sustituto, previsto en el primer párrafo de este artículo 26.

No obstante lo expuesto, el artículo 29 del decreto reglamentario establece que la presunción explicada en el párrafo anterior no será de aplicación a las acciones y títulos privados representativos de deuda con oferta pública autorizada por la Comisión Nacional de Valores y que se negocien en bolsas y mercados de valores del país o del exterior, ni a los Títulos y Bonos emitidos por la Nación, las Provincias y las Municipalidades, con sujeción a regímenes legales de países extranjeros.

En los casos no previstos en el párrafo precedente, la presunción a que hemos hecho referencia sólo comprende a las sociedades, empresas, establecimientos estables, patrimonios o explotaciones domiciliados o radicados en el exterior, que por su naturaleza jurídica o sus estatutos tengan por actividad principal realizar inversiones fuera de la jurisdicción del país de constitución y/o no puedan ejercer en la misma ciertas operaciones y/o inversiones expresamente determinadas en el régimen legal o estatutario que las regula.

Las entidades emisoras de las acciones, cuotapartes o restantes títulos mencionados en el tercer párrafo del artículo 26 de la ley, sujetos a la presunción, deberán requerir en los casos que indique la Dirección General Impositiva la acreditación de que los titulares directos de esos bienes, o tratándose de establecimientos permanentes, las empresas a las que pertenecen, no reúnen las características enunciadas en el párrafo anterior o, en caso de que sí las reúnan, la certificación emitida por autoridad competente del país de constitución, en la que conste que los valores representativos del capital de los titulares son considerados nominativos por el régimen jurídico de dicho país. Agreguemos que la resolución general 4172 reglamenta todo lo atinente a esta prueba.

De no verificarse la acreditación requerida en los plazos, formas y condiciones establecidas en la mencionada resolución general, las entidades emisoras deberán ingresar, con carácter de pago único y definitivo, el impuesto que corresponda a los bienes comprendidos en la presunción existentes al 31 de diciembre, aplicando la alícuota vigente (0,75%), incrementada en un 100%, sobre el valor de los mismos valuados conforme a las normas de la ley (sin embargo, el art. 29 del decreto reglamentario establece que la alícuota aplicable es 0,50%).

Los responsables obligados al ingreso del gravamen tendrán derecho a reintegrarse el importe abonado, incluso reteniendo y/o ejecutando directamente los bienes que dieron origen al pago.

Cabe recordar, como lo hace Leonardo Hansen en su obra sobre tratamiento tributario de los fideicomisos financieros(1), que la ley 25063 había incluido originariamente, dentro de los bienes objeto de la presunción de "fronting" que explicamos precedentemente, a los certificados de participación y títulos representativos de deuda en fideicomisos financieros, pero dicha inclusión fue observada por el Poder Ejecutivo en el decreto 1571/98.

Como consecuencia de esto, los certificados de participación en fideicomisos financieros de titularidad de "empresas" del exterior, no serán imponibles ya que la ley no considera a estos últimos como sujetos del gravamen ni objeto de la presunción de "fronting". Por su parte, si sus titulares son personas físicas o sucesiones indivisas del exterior, quedarán gravados, pero solamente corresponderá ingresar el impuesto en la medida en que exista un responsable sustituto en el país, en los términos del primer párrafo del artículo 26 de la ley. En tal sentido, el autor recién citado considera que, teniendo en cuenta que el decreto 780/95 dispuso en su artículo 13 que las personas físicas y sucesiones indivisas titulares de certificados de participación en fideicomisos financieros o de títulos representativos de deuda deberán computarlos para la determinación del impuesto sobre los bienes personales, los fiduciarios de dichos fideicomisos financieros, por esa simple condición, no calificarían como responsables sustitutos.

3. EXENCION INCORPORADA POR LA LEY 25360

Para concluir nuestro análisis del tratamiento de los activos financieros "sub examine" en el impuesto sobre los bienes personales, es menester hacer mención de la reciente modificación introducida por la ley 25360 (B.O.: 12/12/2000), que incorpora dentro de las exenciones establecidas en el artículo 21 de la ley de impuesto a los bienes personales un nuevo inciso con el siguiente texto:

"g) Las acciones emitidas por sociedades anónimas y en comandita, constituidas en el país, que coticen en bolsas o mercados de la República Argentina, hasta la suma de $ 100.000 (cien mil pesos) valuadas con arreglo a las normas de esta ley, siempre que el monto invertido haya integrado el patrimonio del contribuyente durante la totalidad del período fiscal que se liquida."

Como vemos, por esta disposición se eliminan de la base imponible del gravamen las tenencias de acciones de sociedades constituidas en el país que coticen en bolsas o mercados locales, hasta un valor total de $ 100.000. Puede advertirse que la reducción fiscal, en definitiva, alcanzará a $ 500 (0,50% sobre $ 100.000) o en el mejor de los casos a $ 750 (0,75% sobre $ 100.000), por lo que no parece que, más allá de los propósitos perseguidos por el legislador, ello constituya un incentivo real a la inversión en acciones con cotización.

El artículo 5º, inciso f), de la ley 25360 establece que la norma citada entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial y surtirá efecto para los bienes existentes a partir del 31 de diciembre de 2001, inclusive.

Ahora bien, como el propio precepto requiere para la procedencia de la exención, que el monto invertido debe haber integrado el patrimonio del contribuyente durante la totalidad del período fiscal que se liquida, se advierte que, a los fines de obtener el beneficio por el año 2001, las adquisiciones de las acciones debieron efectuarse antes de finalizar el año 2000.

III - IMPUESTO A LA GANANCIA MINIMA PRESUNTA

1. CARACTERIZACION DEL IMPUESTO

Este tributo, creado por la ley 25063, grava a la alícuota del 1% a los activos pertenecientes a sujetos empresa del país a los fines fiscales (sociedades, empresas unipersonales, fideicomisos no financieros, fondos cerrados de inversión con objetos especiales de inversión), valuados de acuerdo a sus normas, sin permitir la deducción de las deudas. Ahora bien, conforme lo dispone el inciso j) del artículo 3º, si el valor en conjunto de los bienes del activo gravado en el país es igual o inferior a $ 200.000, no corresponderá el ingreso del impuesto. Cuando existan activos gravados en el exterior, esta suma se incrementará en el importe que resulte de aplicarle a ella el porcentaje que represente el activo gravado del exterior respecto del activo gravado total. Si, por el contrario, el valor de los bienes supera la mencionada suma, quedará sujeto al gravamen la totalidad del activo gravado del sujeto pasivo del tributo (por lo tanto, dicha suma no representa un mínimo no imponible). La ley determina que el impuesto regirá por el término de diez ejercicios anuales, contados desde el 31/12/1998.

Este gravamen ha sido estructurado de modo que funcione como el mínimo impuesto a las ganancias que corresponde tributar en cada período. El impuesto a las ganancias determinado para el mismo ejercicio fiscal por el cual se liquida este gravamen, podrá computarse como pago a cuenta de este último. Si el impuesto a las ganancias determinado fuera superior al que surja de aplicar las normas del impuesto a la ganancia mínima presunta, deberá ingresarse aquél sin que el excedente genere saldo a favor del contribuyente de este último, ni sea susceptible de devolución o compensación alguna. Si, por el contrario, por ser mayor el impuesto a la ganancia mínima presunta determinado, procediera su ingreso en un determinado ejercicio, este impuesto será computable como pago a cuenta del impuesto a las ganancias, siempre que se verificare en cualesquiera de los diez ejercicios siguientes (según L. 25360) un excedente de este último impuesto no absorbido, en el ejercicio en que tal hecho ocurra y hasta la concurrencia del referido excedente.

2. TRATAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA TENENCIA DE LOS ACTIVOS BAJO ANALISIS POR SUJETOS DEL GRAVAMEN

En lo atinente a los bienes objeto de nuestro análisis, la ley establece el mecanismo de la exención para evitar los efectos de una doble imposición. En tal sentido, declara exentas a las acciones de sociedades sujetas al impuesto. Análogamente se eximen los certificados de participación en fideicomisos financieros (los cuales, como vimos, no son sujetos de este tributo), en la proporción atribuible al valor de las acciones u otras participaciones en el capital de entidades sujetas al impuesto que integren el activo del fondo fiduciario. En lo que respecta a las cuotapartes de fondos comunes de inversión, el tratamiento es equivalente: las cuotapartes de fondos comunes de inversión cerrados con objetos especiales de inversión (es decir, de los fondos comunes de inversión que son sujetos de este impuesto) quedan exentas en su totalidad, en tanto que las cuotapartes y cuotapartes de renta de los restantes fondos comunes (no sujetos del tributo) son declaradas exentas en la proporción atribuible al valor de las acciones u otras participaciones en el capital de entidades sujetas al impuesto que integren el activo del fondo.

Obsérvese que, de haberse aplicado el mismo criterio, esas mismas acciones y participaciones en entidades sujetas a este impuesto (incluidas cuotapartes de fondos comunes de inversión cerrados con objetos especiales de inversión) deberían haberse eximido del impuesto sobre los bienes personales, a fin de evitarse aquella mentada doble imposición.

Como recuerda Jorge Gebhardt, los primeros proyectos de ley conocidos habían decidido eximir del impuesto sobre los bienes personales las acciones y participaciones empresarias en sujetos de este impuesto. Sin embargo, partiendo de una premisa parcialmente cierta, cual es la de afirmar que el impuesto a la ganancia mínima presunta se traslada sin más en todos los casos, dicha exención fue eliminada, lo que generará doble imposición en ciertos supuestos, pero no en otros.

Inversamente, las acciones emitidas por sociedades del exterior y los restantes títulos valores representativos del capital de entidades constituidas o ubicadas en el exterior (dentro de las cuales deben considerarse comprendidos los fideicomisos y fondos comunes de inversión del exterior, o figuras jurídicas equivalentes, del exterior) sí se encuentran gravados, por cuanto las entidades emisoras de dichos títulos no son sujetos pasivos del impuesto y, por tanto, no hay posibilidad de que se produzca una doble imposición.

3. CASO DE DIVIDENDOS Y DEMAS UTILIDADES RECIBIDOS POR SUJETOS DEL GRAVAMEN

El artículo 6º de la ley declara que los dividendos, en efectivo o en especie, excluidas acciones liberadas, percibidos o no a la fecha de cierre del ejercicio, correspondientes a ejercicios comerciales de la sociedad emisora que hayan cerrado durante el transcurso del ejercicio por el cual se liquida el tributo, cualquiera fuera el ejercicio en el que se hayan generado las utilidades, no serán computables a los efectos de la liquidación de este gravamen.

De manera similar, el segundo párrafo de la norma establece que tampoco serán computables las utilidades acreditadas o percibidas por las participaciones en el capital de otros sujetos del impuesto (por ejemplo, fondos comunes de inversión cerrados con objetos especiales de inversión), correspondientes a ejercicios comerciales de los mismos cerrados durante el transcurso del ejercicio por el cual se liquida el tributo, salvo que formen parte del valor de dichas participaciones al cierre de este último, participaciones que, vale agregar, igualmente se encontrarán exentas [art. 3º, incs. e) y g)].

En el caso de dividendos provisionales o anticipados, si bien no son contemplados expresamente por la norma, Gebhardt entiende que correspondería asignarles el siguiente tratamiento:

a) Si son recibidos durante un ejercicio, pero corresponden a un ejercicio de la emisora que cierra con posterioridad al cierre de la receptora, el impuesto correspondiente se satisface en cabeza de esta última, dado que los mismos no corresponden a un ejercicio comercial de la entidad emisora cuyo cierre se produce durante el transcurso del ejercicio de la receptora.

b) Por el contrario, si la distribución anticipada de dividendos es recibida durante el transcurso de un ejercicio comercial, dentro del cual se produce el cierre del balance de la entidad emisora que distribuye tales dividendos, no abonan el impuesto en ninguna de las dos empresas.

A este respecto, debe tenerse en cuenta asimismo que la Dirección General Impositiva, en dictamen (D.A.T.) 16/00, de fecha 29/2/2000, interpretó que el cobro de dividendos anticipados no puede ser considerado dentro de la exclusión prevista en el artículo 6º de la ley atento a que no revestirán el carácter de dividendos hasta tanto no sean aprobados por la Asamblea.

4. NORMAS DE VALUACION DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS ANALIZADOS

En lo atinente a las pautas de valuación en este impuesto de los activos financieros que estamos considerando, cabe señalar que las mismas coinciden en general con las que provee la ley de impuesto sobre los bienes personales, que ya fueron explicadas anteriormente. Sólo debe agregarse que no se prevén normas de valuación para las acciones, por encontrarse exentas (ello, sin embargo, genera un vacío legal en lo relativo a las acciones de sociedades extranjeras, en tanto para valuar a los bienes situados en el exterior, la ley remite a las normas de valuación de los bienes situados en el país).

5. ANOMALIA TECNICA QUE SE PRESENTA EN EL CASO DE TITULARES DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACION EN FIDEICOMISOS FINANCIEROS QUE SON SUJETOS PASIVOS DE ESTE IMPUESTO

Para concluir nuestro análisis, haremos mención de un inconveniente que se presenta frente a este gravamen, cuando los titulares de certificados de participación en fideicomisos financieros son sujetos del impuesto a la ganancia mínima presunta.

Hemos visto que este tributo fue concebido como una suerte de complemento del impuesto a las ganancias, existiendo un mecanismo de imputación recíproca de créditos fiscales entre ambos gravámenes, que ya fue explicado precedentemente.

Ahora bien, si se diera el caso de que el titular de certificados de participación en fideicomisos financieros fuera contribuyente del impuesto a la ganancia mínima presunta, se anularían las posibilidades de utilizar ese mecanismo de compensación entre este tributo y el impuesto a las ganancias, ni bien advirtamos que por los rendimientos del fondo fiduciario tributaría, como contribuyente en el impuesto a las ganancias, el propio fideicomiso (en tanto el titular de los certificados de participación considerará como "no computables" las utilidades que reciba). Es decir, mientras el fideicomiso financiero es el sujeto pasivo en el impuesto a las ganancias y tributará sobre la utilidad generada en la ejecución fiduciaria (lo que impactará, lógicamente, sobre la utilidad a distribuir a los tenedores de certificados de participación), los certificados de participación en el mismo quedarán alcanzados por el impuesto a la ganancia mínima presunta en cabeza de sus titulares que sean sujetos pasivos de este gravamen (ya vimos que el fideicomiso financiero no es contribuyente de este tributo), con la desafortunada consecuencia de que estos últimos no podrán imputar el impuesto a las ganancias tributado por el fondo fiduciario (impuesto que, como señalamos, disminuirá las utilidades a distribuir), debido a que son distintos contribuyentes.

Evidentemente, es de esperar que, en una futura reforma de este impuesto, sea solucionada la anomalía técnica que acabamos de explicar.

IV - SINTESIS

Para concluir, efectuaremos un resumen de todo lo expuesto, sintetizando cuál será en definitiva la incidencia fiscal involucrada en la tenencia y disposición de los títulos examinados.

A) TENENCIA

i) Impuesto a las ganancias

i.i) Rentas de fuente argentina

Los dividendos derivados de la tenencia de acciones, así como las utilidades provenientes de la tenencia de certificados de participación en fideicomisos financieros y cuotapartes de fondos comunes de inversión que sean sujetos pasivos del impuesto son rentas "no computables" por sus beneficiarios, toda vez que la legislación, a partir de la ley 24073, adopta el criterio de "separación total" de las rentas de la sociedad y el accionista (éste sin obligación alguna sobre los dividendos). Ello, como vimos, se hace extensivo a todos los sujetos asimilados tributariamente a sociedades de capital, entre quienes se encuentran, a partir de la reforma de la ley 25063, los fideicomisos financieros y los fondos comunes de inversión cerrados que invierten en activos distintos de los enumerados en el primer párrafo del artículo 1º de la ley 24083.

La opción adoptada por la ley consiste entonces en impactar las ganancias obtenidas por las sociedades de capital y los restantes sujetos asimilados a ellas, directamente en cabeza de estos últimos a la alícuota máxima prevista en la ley (35%). Consecuentemente, esas mismas rentas, cuando son distribuidas en forma de dividendos o utilidades, no deben ser computadas por sus perceptores en sus respectivas declaraciones juradas, a fin de evitar los efectos de una doble imposición, toda vez que aquellas ganancias ya fueron, tal como quedó dicho, impactadas en cabeza de la sociedad, fideicomiso financiero o fondo común de inversión previsto en el segundo párrafo del artículo 1º de la ley 24083, por añadidura a la máxima alícuota prevista. Lógicamente, como vemos, la incidencia fiscal para el accionista y restantes perceptores de estas utilidades, será siempre del 35%.

Cabe considerar que el sistema adoptado por la ley no contempla en forma debida la capacidad contributiva del accionista, en caso de que éste sea una persona física, al alterar la progresividad del tributo que caracteriza a la imposición sobre este tipo de sujetos. Ello resultará más patente en las sociedades anónimas abiertas, en las cuales el accionista es un mero inversor, carente de "affectio societatis", que únicamente persigue obtener un rédito económico de tal inversión. Parece claro, en este caso, que quien ostenta la capacidad contributiva por el rendimiento de la colocación de su capital (dividendos) es el accionista y no la sociedad. La alternativa legal, más allá de la mayor simplificación que implica, termina ignorando completamente la capacidad contributiva del inversor, alterando por tanto la equidad del tributo. Estas consideraciones pueden también aplicarse a las inversiones en certificados de participación en fideicomisos financieros y cuotapartes de fondos comunes de inversión.

Existen, empero, dos excepciones a la no gravabilidad de los dividendos y restantes utilidades derivadas de la tenencia de los títulos bajo examen. Se trata de los supuestos contemplados en el artículo sin número incorporado a continuación del artículo 69 (regla de igualación) y en el artículo 70 de la ley de impuesto a las ganancias (L.I.G.) (dividendos y demás utilidades de títulos no convertidos en nominativos no endosables o escriturales, en los términos de la L. 24587), que ya fueron explicados en la parte pertinente de este trabajo.

Por otro lado, señalemos que no existirá incidencia alguna del impuesto sobre las utilidades originadas en la tenencia de certificados de participación en fideicomisos financieros que cumplan las condiciones fijadas por el decreto 780/95, pues dichos fideicomisos se encuentran exentos atento a que se les permite deducir los rendimientos que distribuyan a los tenedores de certificados de participación. Asimismo, de acuerdo al último párrafo del artículo sin número incorporado a continuación del artículo 69 de la L.I.G., no será aplicable respecto de estos últimos la retención en la fuente prevista en el citado artículo, sobre los rendimientos distribuidos en exceso de las ganancias determinadas de acuerdo a las normas de la ley. En efecto, si bien el reglamento aún no ha fijado las condiciones que deben cumplirse (más allá de la necesidad de oferta pública de los certificados de participación) para que no se aplique la aludida retención, cabe interpretar que la introducción del mencionado último párrafo en el artículo sin número incorporado a continuación del artículo 69 de la L.I.G. tiene por finalidad conservar la vigencia de la exención dispuesta por el decreto 780/95, evitando su anulación a través de la consabida retención en la fuente.

Consideremos, por último, la situación de las cuotapartes de fondos comunes de inversión abiertos y de fondos cerrados que inviertan en los activos mencionados en el primer párrafo del artículo 1º de la ley 24083, es decir de aquellos fondos comunes que no son sujetos pasivos del impuesto a las ganancias. Teniendo en cuenta esta circunstancia, unida a que el artículo 25 de la ley 24083 exime a las rentas que obtengan los cuotapartistas personas físicas y beneficiarios del exterior y el decreto 194/98 asimila a dividendos las utilidades que cualquier tipo de fondo distribuya en los términos del artículo 26 de la ley 24083 (de modo que serán no computables para los beneficiarios sujetos-empresa), podemos advertir que, en este caso, tampoco habrá incidencia del impuesto a las ganancias sobre las rentas que obtengan los cuotapartistas (cualesquiera sean ellos) de estos dos tipos de fondos. En la práctica, los fondos comunes de inversión abiertos no distribuyen utilidades a los cuotapartistas, pues las mismas son reinvertidas en el fondo, pero sí podría darse el caso de un fondo cerrado incluido en el primer párrafo del artículo 1º de la ley 24083 que efectúe distribuciones periódicas de sus rendimientos a los cuotapartistas, quienes en ese caso se verían beneficiados por la ausencia absoluta de impacto fiscal en este gravamen.

i.ii) Rentas de fuente extranjera

Según hemos visto, los dividendos de acciones de sociedades por acciones del exterior y las utilidades que distribuyan fideicomisos o fondos comunes de inversión (o figuras jurídicas equivalentes) constituidos en el exterior, obtenidos por residentes en el país, quedan sujetos al impuesto a las ganancias a la alícuota que corresponda según el tipo de sujeto, permitiéndose el cómputo de un crédito fiscal, hasta el límite del incremento de la obligación fiscal que ocasione la incorporación de la renta de fuente extranjera entre las ganancias gravadas, por los tributos análogos pagados en el exterior. En el punto A) 2.1, se analizan en detalle las cuestiones atinentes a este "foreign tax credit", así como a los diferentes criterios de imputación de ganancias y atribución de resultados al año fiscal, en caso de que el accionista residente en el país lo sea de una sociedad radicada o constituida en una jurisdicción de baja o nula imposición fiscal o en un país no categorizado de esta manera.

ii) Impuesto sobre los bienes personales

La tenencia por personas físicas o sucesiones indivisas del país de los activos financieros que estamos analizando, al 31 de diciembre de cada año, valuados de acuerdo a las normas del impuesto, se encuentra sujeta a este tributo. La alícuota aplicable varía entre 0,50% y 0,75%, según que el valor de los bienes sujetos a impuesto exceda del mínimo exento ($ 102.300) en hasta $ 200.000 o en más de esta última cifra.

En cuanto a los sujetos del exterior, cabe señalar que el artículo 26 de la ley exime del régimen de responsabilidad sustituta (sólo a través del cual puede hacerse efectivo el tributo) a la tenencia de acciones de sociedades locales y cuotapartes de fondos comunes de inversión constituidos en el país. Por lo tanto, en la práctica, la tenencia de estos activos por una persona física o sucesión indivisa del exterior no quedará incidida por el impuesto.

Sin embargo, cuando la titularidad de estos mismos bienes corresponda a un sujeto-empresa del exterior, radicado o constituido en un país que no aplique un régimen de nominatividad de títulos valores privados, se hará efectiva la presunción de "fronting", ya explicada en detalle en el punto C) (al cual remitimos al lector), según la cual se presume, sin admitir prueba en contrario, que los referidos bienes pertenecen a personas físicas o sucesiones indivisas del país y quedan por tanto sujetos al impuesto, debiendo la sociedad o el fondo emisores de los respectivos títulos ingresar, con carácter de pago único y definitivo, el impuesto que corresponda a los bienes comprendidos en la presunción, existentes al 31 de diciembre, aplicando la alícuota vigente (0,75%), incrementada en un 100%, sobre el valor de los mismos valuados conforme a las normas de la ley (sin embargo, el art. 29 del decreto reglamentario, establece que la alícuota aplicable es 0,50%).

Esta disposición pretende prevenir la posible elusión fiscal que se verificaría en el caso de que una persona física del país, que como tal sería contribuyente del impuesto, detente indirectamente la titularidad de estos activos gravados a través de una empresa "holding" o tenedora radicada en el exterior, sustrayendo del gravamen a tales activos. Por su parte, en tanto los valores representativos del capital de esta empresa del exterior no sean nominativos, sería en la práctica imposible determinar a quién corresponde la titularidad de los mismos, como para poder sujetarlos al impuesto en caso de que pertenezcan a personas físicas del país.

Con respecto a los certificados de participación en fideicomisos financieros locales, de propiedad de personas del exterior, recordemos que, a diferencia de las acciones y cuotapartes de fondos comunes de inversión, no integran la presunción de "fronting" a la que hemos venido haciendo referencia, pero quedan sujetos al régimen de responsabilidad sustituta establecido en el primer párrafo del artículo 26 de la ley. Sin embargo, cabe reiterar aquí la opinión de Hansen, según la cual el fiduciario del fideicomiso financiero no calificaría como responsable sustituto, por lo que este régimen, en la práctica, tampoco les sería aplicable.

Finalmente, consignemos que, por la reciente ley 25360, se exime del impuesto sobre los bienes personales a la tenencia de acciones de sociedades anónimas o en comandita del país, que coticen en bolsas o mercados locales, por hasta un valor de $ 100.000. En el apartado C) de este trabajo, al cual nos remitimos, hemos analizado la incidencia efectiva que aparentemente tendrá esta nueva disposición.

iii) Impuesto a la ganancia mínima presunta

Cabe resumir el tratamiento que corresponde dispensar a la tenencia de los activos objeto de nuestro análisis por los sujetos pasivos de este impuesto (sociedades, empresas unipersonales, fideicomisos no financieros y fondos comunes de inversión cerrados incluidos en el segundo párrafo, art. 1º, L. 24083) de la siguiente manera:

Como vimos, la ley utiliza la técnica de la exención para evitar los efectos de una doble imposición. Por lo tanto, la tenencia de acciones de sociedades sujetas al impuesto a la ganancia mínima presunta queda exenta del mismo. También se eximen los certificados de participación en fideicomisos financieros (los cuales no son sujetos de este tributo), en la proporción atribuible al valor de las acciones u otras participaciones en el capital de entidades sujetas al impuesto que integren el activo del fondo fiduciario. Por su parte, las cuotapartes de fondos comunes de inversión cerrados con objetos especiales de inversión (es decir, de los fondos comunes de inversión que son sujetos de este impuesto) quedan exentas en su totalidad, en tanto que las cuotapartes y cuotapartes de renta de los restantes fondos comunes (no sujetos del tributo) son declaradas exentas en la proporción atribuible al valor de las acciones u otras participaciones en el capital de entidades sujetas al impuesto que integren el activo del fondo.

Inversamente, las acciones emitidas por sociedades del exterior y los restantes títulos valores representativos del capital de entidades constituidas o ubicadas en el exterior (dentro de las cuales deben considerarse comprendidos los fideicomisos y fondos comunes de inversión del exterior, o figuras jurídicas equivalentes, del exterior), que pertenezcan a sujetos pasivos de este tributo, sí se encuentran gravados con el impuesto a la ganancia mínima presunta.

En definitiva, puede apreciarse que el sentido de este tributo es el de gravar todos los activos empresarios, pero sólo una vez.

B) DISPOSICION

i) Impuesto a las ganancias

A partir de las modificaciones introducidas por la ley 25414 y el decreto 493/01, el esquema de imposición actual puede sintetizarse de la siguiente manera:

1) Personas físicas y sucesiones indivisas del país: los resultados, sean de fuente argentina o de fuente extranjera, originados en la disposición de los títulos objeto de nuestra consideración (se trate de operaciones habituales o no) se encuentran exentos, salvo que deriven de la enajenación de acciones que no coticen en bolsas o mercados de valores [arts. 20, inc. w) y 137, L.I.G.]. Si las acciones generadoras de los resultados gravados permanecieron en el patrimonio del enajenante un período no inferior a doce meses, tales rentas quedarán gravadas hasta el límite del incremento de la obligación fiscal originado por la incorporación de dichas ganancias, que resulte de aplicar sobre ellas la alícuota del 15%. Los quebrantos provenientes de la enajenación de acciones sólo podrán imputarse contra ganancias de idéntico origen.

2) Beneficiarios del exterior: también se encuentran exentos por los referidos resultados de fuente argentina (art. 78, D. 2284/91), excepto que se trate de beneficios originados en la enajenación de acciones sin cotización, percibidos por sociedades o entidades "off shore" del exterior [art. 20, inc. w), segundo párrafo, L.I.G.]. En este caso, corresponderá aplicar la alícuota efectiva del 17,5% sobre el precio de venta, salvo que el beneficiario opte por pagar el 35% de la ganancia real reconocida expresamente por la Dirección General Impositiva, deduciendo del monto bruto pagado o acreditado los gastos realizados en el país necesarios para su obtención y conservación, como así también las deducciones que la ley admite.

3) Sujetos-empresa residentes en el país: los resultados, de fuente argentina o de fuente extranjera, originados en la disposición de acciones, certificados de participación en fideicomisos financieros (o figuras jurídicas afines del exterior) y cuotapartes de fondos comunes de inversión (o figuras equivalentes del exterior) se encuentran gravados a la alícuota del 35%. En este caso, también se prevé una cedularización de los quebrantos originados por tales enajenaciones, los cuales sólo podrán compensarse con ganancias que tengan idéntico origen. Asimismo, conforme lo establece el último párrafo del artículo 135 de la L.I.G., los quebrantos de fuente argentina derivados de la enajenación de estas participaciones sociales no podrán imputarse contra ganancias netas de fuente extranjera del mismo origen.

ii) Impuesto al valor agregado

Según ya se señaló, la venta de cualquiera de los títulos que estamos examinando queda exenta del I.V.A., por aplicación del artículo 7º, inciso b), de la ley de I.V.A. Por lo tanto, la incidencia de este tributo, en lo que se refiere a la disposición de estos bienes, es nula.

BIBLIOGRAFIA

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[1:] Hansen, Leonardo: “Tratamiento tributario. Fideicomisos financieros” - Ed. Macchi - 2000 - pág. 152

EL PRESENTE TRABAJO SE ENCUENTRA PUBLICADO EN REVISTA DOCTRINA TRIBUTARIA DE ERREPAR NOVIEMBRE/01