INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA c/VOERMOL FEEDS PTY LTD. - CNCOM. - SALA C - 22/6/2001

Si se produce dicha situación de renuncia de un representante o director de una sociedad, con omisión de tratamiento por parte del directorio, el renunciante debe arbitrar los medios para intimar a dicho órgano a que se pronuncie; luego, deberá acompañar a la autoridad de control copia del acta de aceptación (si hubiese existido dicho acto expreso) o constancia de la intimación (si, por el contrario, se hubiese hecho caso omiso al requerimiento); éstas son, pienso, las únicas posibilidades para permitir la desvinculación del denunciante de la responsabilidad que posee frente a terceros.

DICTAMEN DEL FISCAL DE CAMARA

Buenos Aires, 26 de abril de 2001

Excelentísima Cámara:

1. Hubo en autos una resolución de la Inspección General de Justicia, 1060/00 (fs. 18 y ss.), mediante la cual dicho organismo rechazó la solicitud de inscripción de una renuncia del representante legal de la sociedad extranjera de referencia. Entendió que no estaban dados en autos los requisitos que autorizasen a la inscripción de la dimisión, puesto que no se había acreditado la aceptación de dicho acto por parte del directorio de la casa matriz del ente. Además, tomó en cuenta: (I) que el renunciante era el único representante de la sociedad en el país; (II) que, para el caso de las sociedades extranjeras, es requisito insoslayable contar con dicho mandatario, (III) que la ley de sociedades establece que la renuncia no puede afectar el funcionamiento regular del órgano. Concluyó, entonces, en que la inscripción de la renuncia del representante sólo podía efectuarse cuando, además de su aceptación por parte del órgano directivo de la sociedad, se designase un reemplazante, de modo de realizar la inscripción conjunta de ambos actos, puesto que, según nuestra ley, no era factible que la sociedad extranjera quedase sin el referido mandatario.

Sustentó la aludida decisión de rechazo en normas de la ley de sociedades (arts. 118, 121 y 122, L. 19550).

2. El pretendido renunciante apeló (fs. 32 y ss.). Puso de relieve que, en el caso, el silencio mantenido por el órgano administrador de la sociedad frente a la comunicación de renuncia, debía entenderse como aceptación, toda vez que existía deber legal de expedirse al respecto (art. 259, LS; 919, CC); que, ante dicha omisión de expedirse por parte del ente matriz, no era necesario acudir a la vía judicial para que se ordene a la Inspección General de Justicia efectuar la inscripción de la renuncia; que la intimación a la sociedad para que aquélla sea aceptada, aunque no hubiese tenido respuesta, es suficiente extremo para que la inscripción proceda; que el requisito puesto por el órgano de control en cuanto a que, para inscribir la renuncia, debía designarse un reemplazante del renunciante, es irrazonable y arbitrario; que era contrario a derecho mantener a esa parte en un estado de incertidumbre como el que la decisión implicaba; que se estaban afectando garantías constitucionales, en el caso, su libertad para cesar en la representación referida. Por tales razones, solicitó que Vuestra Excelencia revoque lo decidido por la Inspección, y proceda a ordenar la inscripción de la aludida renuncia.

3. Me expido:

3.a) En primer lugar, destaco que una parte de los argumentos en los que el organismo de control apoyó lo resuelto son, en mi parecer, inaceptables.

3.a.1) En efecto, las sociedades constituidas en el extranjero que pretendiesen ejercer con habitualidad actos comprendidos en su objeto social, establecer sucursal, asiento, o cualquier otra especie de representación permanente, deben, entre otros requisitos, designar a la persona a cuyo cargo estará la representación; esto lo determina el artículo 118, inciso 3) de la ley 19550. Parece, pues, razonable interpretar, "a contrario sensu", que la carencia de representante constituye un óbice para el ejercicio de la referida actividad permanente por parte del ente extranjero.

3.a.2) Sin embargo, observo que dicha limitación o impedimento sólo podría afectar al ente y a sus actividades, más, en medida alguna, podría ocasionar efectos perjudiciales para el representante que pretende renunciar.

En otras palabras, si la sociedad se queda sin representante, por la causa que fuere (incluida su renuncia), será ella la que deba hacerse cargo de las consecuencias legales que de ello se deriven (Ej.: imposibilidad del ejercicio habitual de actos comprendidos en su objeto). No puede este argumento, per se, sustentar el rechazo de la renuncia de quien legítimamente está habilitado para hacerlo. Una solución en contrario implicaría dar lugar a situaciones inadmisibles, tales como, por ejemplo, que un representante deba estar constreñido a investir de por vida esa función si la sociedad no se expidiese sobre su renuncia; o más aún: no podría desvincularse del ente aunque la sociedad le hubiese aceptado la abdicación, si ésta no designase a un reemplazante.

La ley no supedita, pues, la procedencia de la renuncia de un representante legal de una sociedad extranjera a la posibilidad de que el ente pueda ver obstaculizado su funcionamiento en el país; coincidentemente, tampoco impone el requisito (que aquí sí exigió la autoridad de control), de que la inscripción de la renuncia deba estar inexorablemente acompañada por la inscripción de la designación de su nuevo representante.

3.a.3) Concluyo: en mi parecer, carece, entonces, de fundamento legal, condicionar, como lo hizo la Inspección, la inscripción de la renuncia de dicho representante a la suerte que puedan correr las actividades del ente para el caso de que ésta sea inscripta y, correlativamente, a la designación de un sustituto por parte de la casa matriz.

3.b) Sentado lo expuesto, agrego lo siguiente: frente a situaciones como las del caso, es procedente tratar de amparar los derechos de quien expresa su voluntad de desvincularse del ente societario, y se encuentra con que éste, por negligencia o deliberadamente, omite tratar tal pretensión o realizar los trámites necesarios para inscribirla (conforme Dict. 81800 del 6/8/1999, emitido en el Expte. "Máximo V. Wullich - Auvi Plus SA").

En tal línea de ideas, opino que si se produce dicha situación de renuncia de un representante o director de una sociedad, con omisión de tratamiento por parte del directorio, el renunciante debe arbitrar los medios para intimar a dicho órgano a que se pronuncie; luego, deberá acompañar a la autoridad de control copia del acta de aceptación (si hubiese existido dicho acto expreso) o constancia de la intimación (si, por el contrario, se hubiese hecho caso omiso al requerimiento); éstas son, pienso, las únicas posibilidades para permitir la desvinculación del denunciante de la responsabilidad que posee frente a terceros (conforme dictamen de este Ministerio emitido en autos "Metal Roca SA s/quiebra", conforme Sala A - 8/6/1978).

3.b.1) Sentado lo expuesto, observo que, sin embargo, tal intimación no existió en el caso. En efecto, a fojas 4 obra copia del telegrama que el recurrente dijo haber mandado el 14 de marzo de 2000. Más allá de que ni siquiera se han traído constancias de que hubiese sido recibido por parte del ente, noto que en dicha pieza sólo hubo una mera manifestación de ratificar la renuncia, mas no obró allí intimación alguna.

3.b.2) Esto me permite concluir en que en autos no están dados los extremos necesarios para la que inscripción de la pretendida desvinculación.

4. Por estas razones opino que debe confirmarse la resolución de la Inspección General de Justicia que rechazó la inscripción de la renuncia del caso, mas por los fundamentos que aquí doy, y no por los que dio el ente de control.

Lo dicho no empece, por cierto, a que en un futuro, si la parte demuestra el cumplimiento de los extremos que aquí señalé (existencia de la aludida intimación al ente y su recepción fehaciente), deba darse curso favorable a la pretensión. Esto, además, dejando en claro la improcedencia de que, en el caso, la Inspección exija el nombramiento de un sustituto del renunciante como requisito necesario para la procedencia de la inscripción.

En los términos expuestos, dejo contestada la vista conferida.

Tal mi dictamen.

Alberto M. R. Guerra - Fiscal de Cámara

SENTENCIA

Buenos Aires, 22 de junio de 2001

Y VISTOS:

I - Mario Rafael Biscardi apeló la resolución de la Inspección General de Justicia que denegó la inscripción de la renuncia del solicitante en su carácter de representante legal de la sociedad extranjera "Voermol Feeds Pty Ltd." (ver fs. 18/20). Presentó el memorial en fojas 32/7, contestado en fojas 49/50.

II - Comparte el Tribunal los fundamentos vertidos por el señor Fiscal ante esta Cámara en el dictamen de fojas 52/4, que se tienen por reproducidos por cuestiones de brevedad.

III - Por consiguiente, con el alcance que fluye del dictamen referido, SE CONFIRMA el pronunciamiento apelado, con costas de Alzada en el orden causado en razón de los argumentos que sustentan la presente resolución. Notifíquese y devuélvase al organismo de trámite.

José L. Monti - Bindo B. Caviglione Fraga - Héctor M. Di Tella

EL PRESENTE TRABAJO SE ENCUENTRA PUBLICADO EN REVISTA DOCTRINA SOCIETARIA DE ERREPAR , Nº 165, AGOSTO/01