La evasión tributaria, tema de interés no sólo local sino también de los más prestigiosos foros de discusión fiscal de todo el mundo, no es un hecho atribuible a una causa única, sino que su origen radica en la interacción de una serie de circunstancias. Resaltando la necesidad de un trabajo psicosocial destinado a concientizar a las generaciones venideras, los autores se refieren aquí a las causas técnicas de la evasión en nuestro país y plantean algunos posibles remedios, entre los cuales proponen ajustar el sistema impositivo para que sea coherente con los principios de tributación, dotar a las normas tributarias de una estabilidad y vigencia que se prolongue en el tiempo, elaborar herramientas de lucha válidas contra la factura apócrifa, y dar estabilidad al uso de los sistemas operativos con los que se determinan y liquidan las obligaciones impositivas y previsionales.

A) INTRODUCCION

La evasión tributaria, en sus diversas formas, resulta un tema que concita el interés no sólo a nivel local, sino también en los más prestigiosos foros de discusión fiscal de todo el mundo. La permanente búsqueda por parte de los Estados en sus diversos estamentos (nacionales, provinciales o municipales), de herramientas para evitar la merma de ingresos públicos mediante las prácticas evasivas, se ha convertido en una preocupación clave en el diseño de la política gubernamental de todos los países del orbe.

Suele definirse jurídicamente a este fenómeno como "toda eliminación o disminución de un monto tributario producidas dentro del ámbito de un país por parte de quienes están obligados a abonarlo y que logran tal resultado mediante conductas violatorias de disposiciones legales".(1)

Dejando de lado la cuestión terminológica, nos atrevemos a afirmar, como primera aproximación al tema, que la evasión fiscal no es un hecho atribuible a una causa única y fácilmente detectable, sino que, por el contrario, su origen radica en la interacción de una serie de elementos o circunstancias que definen la existencia y el grado o desarrollo del citado fenómeno en un país y momento determinado.

Dentro de los factores que fundamentan su existencia, uno de ellos es, sin lugar a dudas, el elemento psicosocial; pues es bien sabido que la propia naturaleza humana conspira contra toda idea que implique desprenderse del propio patrimonio para entregarlo a una figura abstracta (el Estado) bajo la premisa de que dicho ente hará un mejor uso de esos recursos para satisfacer las necesidades del resto de la población.

Esta reticencia natural tiende a aumentar cuando los contribuyentes advierten una incorrecta o deficiente redistribución de los ingresos públicos que, en lugar de retornar a los ciudadanos bajo la forma de beneficios sociales, se pierden, ya sea por una alta ineficiencia en el manejo del gasto público, o bien porque terminan en manos de agentes o funcionarios corruptos, situación esta última que se experimenta con mayor fuerza y asiduidad en los denominados países emergentes.

En un segundo lugar, podríamos ubicar al comportamiento social; no debemos olvidar que el cumplimiento tributario es en rigor una pauta de convivencia más, y cuanto menor sea el grado de educación de una población, mayor será la falta de respeto a su sistema normativo. No puede pretenderse tener un atinado desempeño fiscal en uno de los países con mayor proporción de accidentes de tránsito en relación con el número de habitantes.

Asimismo, podemos citar también como factor determinante de la evasión al elemento político, debido a que muchas veces el contribuyente, ante organizaciones tributarias con administraciones ineficientes donde el impuesto termina siendo voluntario, considera el pago de sus obligaciones como una manifestación de adhesión o no a los gobernantes de turno.

A título de ejemplo, podemos citar que el primer régimen de ahorro obligatorio en la época consolidada del gobierno del doctor Alfonsín tuvo una recaudación ejemplar, no ocurriendo lo mismo con su segunda versión, donde el prestigio de las autoridades se había perdido.

Otra causa que determina la conducta evasiva es el desempeño económico del contribuyente, dado que cuando no existe una presencia inquisitiva del recaudador, el empresario tiende a cumplir en primer término con sus necesidades primarias (pago de salarios, alquiler de locales, proveedores más importantes, etc.), tomando como crédito el no ingreso de tributos. Ello se ve alentado en gran medida por el conocimiento histórico que demuestra que en Argentina, en los últimos quince años, ha existido un plan de facilidades de pago por cada año y medio.

Por último, se advierten como causales de este verdadero flagelo situaciones de índole técnica o jurídica, como ser la existencia de un sistema tributario complejo o el constante cambio de la normativa tributaria que tiñen de incertidumbre el accionar aun del contribuyente más aplicado.

Es precisamente este tipo de causas de la evasión las que serán analizadas en el presente trabajo, pues hemos preferido, en razón de nuestra formación eminentemente contable, dejar para aquellos profesionales más idóneos (sociólogos, filósofos, etc.) el estudio de los elementos psicológicos, sociales, políticos y económicos que inciden en el fenómeno evasivo.

B) CAUSAS TECNICAS DE LA EVASION TRIBUTARIA Y POSIBLES REMEDIOS PARA SU SOLUCION

Dentro de las causas técnicas en la Argentina de hoy, podemos distinguir o esbozar tres grandes grupos:

1. INESTABILIDAD NORMATIVA

Nuestro sistema tributario presenta como característica sobresaliente su excesiva complejidad a raíz de dos situaciones que se complementan y retroalimentan, generando un círculo vicioso:

- impuestos que no respetan los principios tradicionales de la ciencia tributaria, y - existencia de una gran cantidad de normas en constante cambio, que buscan reglamentar el vasto abanico de tributos aplicables.

Nos explayaremos a continuación sobre estos dos tópicos. 

a) Gravámenes enfrentados con los principios de la tributación

Entre los impuestos aplicables en nuestro país encontramos algunos cuya concepción o fundamentación teórica no soporta el menor embate, a la luz de los principios que deben regir en la técnica tributaria. Citamos entre ellos y a modo de ejemplo:

- Impuesto sobre los intereses pagados y el costo financiero del endeudamiento empresario: este tributo fue producto de la reforma tributaria del año 1998(2) y recae sobre las empresas tomadoras de préstamos, quienes además de pagar un interés a su acreedor como precio por el dinero recibido, deben tambíen ingresar un impuesto al Estado generado en función de ese interés pagado. Consideramos que este particular tributo debe ser derogado de inmediato pues, entre otras cosas, atenta contra la supervivencia de los entes empresarios, en especial en un clima económico recesivo como el que enfrenta nuestra nación.

- Impuesto a las ganancias: es práctica moderna en los países desarrollados que la renta de empresas tribute a una alícuota proporcional moderada, alcanzándose con altas tasas progresivas a la desafectación de utilidades de dichos entes. De esta manera, se buscan dos efectos deseados como técnica de una buena política fiscal: por un lado, el aliento a la inversión y, por otro, la progresividad en la imposición a la renta.

En Argentina sucede exactamente lo contrario, manifestándose un elevado grado de imposición en cabeza de las empresas que, en la medida de su traslación a los precios de bienes y servicios, trastoca la capacidad contributiva que se pretende gravar alcanzando al consumo y, por otra parte, la distribución de dividendos exentos (corregido en parte por la L. 25063), lo cual permite la emigración de capitales libres de imposición.

- Impuesto a la ganancia mínima presunta: creado en forma simultánea con el impuesto sobre los intereses, se grava mediante el mismo a los activos de las empresas sin merma alguna en concepto de pasivos. 

- Impuesto sobre los bienes personales: introducido en nuestra legislación en el año 1991(3), alcanza la tenencia de bienes en poder de las personas físicas sin permitirle restar o deducir las deudas o los pasivos. Tanto en este impuesto como en el anterior creemos que hubiera sido preferible aplicar un impuesto al patrimonio (activo-pasivo) en lugar de gravar sólo a los activos.

Frente a estos ejemplos, y al recordar la teoría de la capacidad contributiva, según la cual los tributos deben recaer sobre alguna de las tres manifestaciones de la citada capacidad, es decir renta, consumo o patrimonio, observamos azorados que en nuestro país se hace muchas veces caso omiso a ello y se gravan situaciones que nada tienen que ver con la capacidad de pago del contribuyente, violentándose en forma desvergonzada principios básicos de la tributación como el de equidad, igualdad, etc.

No desconocemos que el sistema tributario puede apartarse del principio de capacidad contributiva para orientarse a mejorar la eficiencia económica, porque de esa manera se incrementa en el corto plazo el potencial sobre el que se aplica la tributación, posibilitándose el mejoramiento de la estrategia fiscal.

Lamentablemente esto no ocurre en los países emergentes donde, ávidos de ingresos, no orientan la imposición a la eficiencia de los recursos, sino simplemente buscan cerrar la brecha del déficit fiscal.

Mas allá de lo hasta aquí desarrollado, es importante destacar que, si bien las promesas electorales del gobierno de turno incluían la derogación del impuesto sobre los intereses y del impuesto a la ganancia mínima presunta, no sólo la misma no ha tenido lugar, sino que en algunos casos el peso del tributo se ha incrementado(4) y, como si esto no fuera suficiente, en el proyecto de presupuesto del año 2001 aparece la recaudación por estos gravámenes, señal inequívoca del carácter utópico de la anunciada derogación.

Nos gustaría recordar en este momento las sabias palabras de John Locke, quien sostenía que "...un rey tiene dos alternativas fiscales. O exprime a su pueblo y así obtiene recursos, o lo deja florecer en libertad y después le cobra menos en proporción, pero más en términos generales...".(5)

b) Cantidad de normas y cambios en las mismas

Resulta claro que un sistema tributario que muta constantemente no hace más que facilitar o inducir el comportamiento evasivo. Ello es así, pues el contribuyente siente una permanente falta de seguridad frente a la magnitud del tributo oblado, que se traduce, a la larga, en un desincentivo al cumplimiento.

Esto debe ser analizado también desde el punto de vista de los asesores impositivos, quienes frente a la velocidad de los cambios deben realizar muchas veces proezas intelectuales para discernir en tiempo récord aquello que los legisladores de turno quisieron decir, con la consiguiente responsabilidad frente al cliente en caso de una interpretación equivocada de la normativa.

Con relación a este punto, recordemos lo sostenido por Maquiavelo, quien en el siglo XVI, en su obra cumbre "El Príncipe", explicaba que aquel soberano que pretendiera mantener los territorios obtenidos debía cumplir, entre otras cosas, con la siguiente regla: "...No alterar ni sus leyes ni sus tributos...".(6)

No debe olvidarse tampoco que uno de los aspectos que permiten el crecimiento y el desarrollo de una nación es precisamente la estabilidad de las instituciones y de las leyes. Pensemos por un momento que uno de los países que primero se desarrolló -como el caso de Inglaterra- lo hizo al abrigo de un Parlamento fuerte y estable que se opuso a la monarquía absolutista.(7) En el mismo sentido, nuestro país logró un crecimiento y progreso sostenido entre los años 1853 y 1930, precisamente desde la sanción de la Constitución hasta los primeros golpes militares.

Adentrándonos en el mundo de las estadísticas, la velocidad a la que se suceden los cambios impositivos se evidencia si tenemos en cuenta que nuestra Administración Federal de Ingresos Públicos emite un promedio de 400 resoluciones generales por año(8), mientras que en Estados Unidos o en Alemania dicho promedio alcanza tan sólo a 12 y 9, respectivamente.

Ahora bien, mencionaremos a continuación, a título de ejemplo, algunas de las cambiantes situaciones que se han manifestado en los últimos años:

* Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (monotributo): la ley 24977 (BO: 6/7/1998) estableció este régimen cuya principal característica era la simplicidad(9). Sin embargo, este régimen sencillo requirió que la Administración dictara 17 resoluciones generales para poder reglamentarlo, debiendo destacarse al respecto dos elementos agravantes:

- gran parte de las resoluciones en cuestión se publicaron después de que el régimen había entrado en vigencia (1/11/1998), alterando situaciones con carácter retroactivo, y - aun al día de hoy existen casos pendientes de reglamentación por parte de la Autoridad Fiscal, como ser el establecimiento de regímenes especiales de pago para ciertas actividades(10) o la definición de aquellas tareas que requieren para su desarrollo la contratación de personal en relación de dependencia. Adviértase que esta reglamentación pendiente definirá un concepto legal cuya entrada en vigencia ya operó el 1/4/2000.

* Régimen general de retención del impuesto a las ganancias [RG (AFIP) 830]: a pesar de haberse publicado dicha norma con bastante tiempo de antelación a su entrada en vigencia(11) (algo poco usual en nuestro ordenamiento tributario), 10 días después de dicha entrada en vigor se modificó mediante la publicación de otra resolución general [RG (AFIP) 884], teniendo esta última efectos retroactivos al 1/8/2000.

* Régimen de retención para la compraventa de granos no destinados a la siembra [RG (AFIP) 129]: este régimen sufrió en menos de 15 días corridos 2 modificaciones; las resoluciones generales (AFIP) 880 y 886. Aparece como asombroso que no hubieran unificado estas dos normas, emitiéndose sólo una a fin de evitarles problemas a los contribuyentes y asesores impositivos.

* Regimen de anticipos del impuesto a las ganancias [RG (AFIP) 327]: la resolución general (AFIP) 839 permitió a aquellos sujetos que obtuvieran rentas por el desempeño de tareas en relación de dependencia reducir el monto de sus anticipos, tomando en consideración el incremento de las retenciones de dicho tributo acaecido en el año 2000. Lamentablemente, nuestro Organo Recaudador no tuvo en cuenta que a la fecha de publicación de esta norma (10/5/2000) ya se había producido el vencimiento del primer anticipo del impuesto para parte de los contribuyentes, quienes, en consecuencia, se enfrentaron a un problema financiero simplemente por el mal accionar de la Administración.

Siguiendo con el tema de los anticipos, es dable comentar que en Argentina las personas físicas y sucesiones indivisas se hallan obligadas a ingresar por anticipado el 100% del tributo(12); situación que en parte altera el significado que históricamente tuvo el vocablo "anticipo" en el universo tributario, pues la lógica y el raciocinio indican que los regímenes de pagos a cuenta (entre ellos, los anticipos) no deberían alcanzar la medida del monto del impuesto que en definitiva se determine.

* Las exenciones en el impuesto al valor agregado: si bien la ley del impuesto en cuestión consagra exclusivamente exenciones de índole objetiva, la Administración interpretó, mediante la instrucción general (DGI) 28/95 (11/8/1995), que ello no obstaba a la aplicación de beneficios exentivos de carácter subjetivo previstos en otras leyes específicas. Recientemente, en forma subterránea, el mismo Organo Recaudador, mediante la instrucción general 5/2000 (3/7/2000), decidió dejar sin efecto la normativa anterior, modificando así su propio criterio.

Ante estas idas y vueltas en el parecer del Fisco, nos vemos obligados a expresar la necesidad de que la Administración se pronuncie a través de resoluciones generales interpretativas(13), pues éstas son el medio idóneo para salvaguardar los derechos de los contribuyentes. Valga como ejemplo de ello el hecho de que las instrucciones generales, las circulares y otras normas intepretativas de segundo orden no son publicadas en el Boletín Oficial y tampoco tienen establecida una vigencia a futuro, dándole de esta forma la posibilidad a quien se encuentre al frente del Organismo de hacer y deshacer confome a las necesidades fiscales coyunturales y en desmedro muchas veces del patrimonio de los contribuyentes.

Frente a todos estos ejemplos de abusos legislativos y reglamentarios, consideramos oportuno que en nuestro país se implante una "convertibilidad normativa fiscal", es decir que mediante una ley se establezca que las normas de índole tributaria no puedan ser modificadas por un plazo razonable de tiempo (como mínimo, 2 años).

De esta forma, no sólo se otorgaría certeza a los contribuyentes, sino también a todos aquellos sujetos que avizoren oportunidades de inversión en nuestro territorio nacional. Es poco probable que inversiones extranjeras lleguen a la Argentina en medio de un ambiente de inestabilidad tributaria que no respeta garantías fundamentales contempladas en la propia Constitución Nacional.

Para concluir este punto, la "convertibilidad normativa fiscal" facilitaría la tarea no sólo a los asesores impositivos, sino también a los funcionarios fiscales. Es importante no perder de vista que un sistema tributario complejo atenta también contra una eficiente utilización de los recursos humanos que dispone el Fisco para la realización de verificaciones e inspecciones.

Dentro de este acápite, hemos soslayado "ex profeso" el tema de los sistemas operativos realizados por la Administración para que los contribuyentes determinen y liquiden a través de ellos sus obligaciones impositivas y previsionales.

De dedicarnos a este tópico, simplemente mencionando los desatinos, contratiempos y sinsabores que acarrean su utilización, hubiéramos ocupado todo el espacio que contamos para el desarrollo de este trabajo. Simplemente queremos destacar que existieron versiones de algunos sistemas (por ejemplo, en el impuesto a la ganancia mínima presunta) cuya vigencia puede indicarse en minutos.

En el mismo sentido que la "convertibilidad normativa fiscal", es deseable esperar que en algún tiempo no muy lejano contemos con sistemas operativos cuyo uso sea definitivo o, por lo menos, que utilicemos el mismo del año anterior.

2. BLANQUEOS, MORATORIAS Y PRESENTACIONES ESPONTANEAS

Una alternativa repetida hasta el cansancio por nuestros Administradores para lograr aumentos de la recaudación en épocas de déficit fiscal es la creación de planes especiales que, bajo diversas denominaciones (blanqueos, moratorias, etc.), pretenden seducir a los contribuyentes reticentes a la debida declaración o al cumplimiento de sus obligaciones tributarias para que, a cambio de algún tipo de beneficio (condonación de multas, intereses, etc.), regularicen dichas deudas.

Sin ir más lejos, desde el año 1995 hasta el corriente ha existido, por lo menos, un régimen de facilidades de pago por año, siendo el último de ellos el dispuesto por el decreto 93/00, cuya aparición en el Boletín Oficial tuvo lugar en el mes de enero del presente año.

Es indubitable que la recurrencia de estos planes, si bien permiten una alivio fiscal en el corto plazo, provocan un aumento en la evasión de los tributos a futuro, ya que erosionan la conducta de quien ha cumplido cabalmente sus obligaciones, generando una sensación de impotencia al observar cómo el evasor puede ponerse al día sin pagar multas e intereses y/o pagando en cómodas cuotas.

A manera de síntesis, entendemos que quizás resulte necesario establecer un último blanqueo o régimen similar, otorgando amplias facilidades para que todos los contribuyentes que operan en la marginalidad puedan acogerse al mismo y, de esta forma, quedar integrados a la economía formal. Pero, de llevarse a cabo tamaña medida, debe existir la convicción en el seno de la Administración de que realmente será el último y no existirán regímenes especiales de ningún tipo en el futuro.

Para reforzar nuestra idea, advertimos que los principales problemas con que se enfrenta la Administración Federal de Ingresos Públicos es precisamente detectar a quienes operan en la economía subterránea y, como consecuencia de ello, las posibilidades de ser inspeccionado para aquel que nunca denunció su condición frente al Fisco son remotas en comparación con el contribuyente que, cumpliendo con las normas, posee su identificación tributaria.

Este panorama implica asimismo que, ante la necesidad de incrementar la recaudación, se aumenten alícuotas o se creen nuevos tributos que perjudican directamente al contribuyente inscripto y cumplidor, aumentando para éste la presión tributaria y colocándolo en una clara situación de desventaja competitiva frente a quien no se ve afectado por la modificación al no hallarse identificado tributariamente.

En este sentido, resulta ilustrativa la conclusión que se extrae del análisis de la curva de Laffer, vale decir que el aumento de la presión tributaria produce incrementos de recaudación hasta un cierto nivel en el cual se produce la saturación, y nuevos aumentos de presión significan una disminución en los ingresos públicos, precisamente porque elevar en forma desmedida los tributos es una causa importante de la evasión tributaria.

3. FACTURAS APOCRIFAS

Otra de las particularidades que presenta nuestro ordenamiento tributario es la proliferación de un circuito marginal que se entrelaza con el circuito legal. Si bien es cierto que en numerosos países (tanto desarrollados como subdesarrollados) se pueden encontrar operaciones marginales, es muy poco probable que la esfera marginal se entremezcle con las operaciones legales, tal como sucede en Argentina.

La generación de estos fondos marginales persigue fundamentalmente en nuestro país el financiamiento de un sistema laboral/previsional paralelo y oculto, pues a nadie escapa que gran parte de dichos fondos se destinan al pago de salarios que no son sometidos a los aportes y contribuciones dispuesto por las leyes previsionales (ya sea al personal no declarado, o sobresueldos al que sí lo está).

Fundamentalmente, podemos distinguir cuatro formas de generar fondos marginales en nuestra economía. Las mismas son:

* Realización de operaciones marginales: se trata ni más ni menos que la realización de transacciones sin documentación respaldatoria alguna, conocidas genéricamente como ventas "en negro". En este caso, no se daría la coexistencia mencionada de la marginalidad dentro del circuito legal.

* Desvío de fondos bajo figuras jurídicas inapropiadas: resulta bastante frecuente que las sociedades sujetos del impuesto a las ganancias(14), alcanzadas por el gravamen a una tasa proporcional del 35%, busquen disminuir su carga impositiva generando deducciones por conceptos inexistentes tales como honorarios de dirección, sueldos u otros honorarios que no responden a una efectiva prestación de servicios.

Mediante esta maniobra, la sociedad se evita tributar por una cuantía igual al 35% de la deducción generada, la que si bien se transforma en ganancia gravada en cabeza del preceptor persona física, lo es a una la alícuota de imposición sustancialmente menor, produciéndose de esta forma un ahorro tributario neto para el ente societario.

Como puede observarse, no se produce en esta situación una falta de pago del impuesto, sino que simplemente se utilizan figuras ficticias para menguar la carga tributaria global. Asimismo, como consecuencia de estas maniobras, las declaraciones juradas de los directores o administradores societarios a quienes se le generaron honorarios presentarán un alto nivel de consumo, pues al declarar como renta sumas que no han percibido efectivamente, el único destino posible de las mismas será:

- incremento patrimonial, bajo la forma de dinero en efectivo al cierre: esta alternativa es válida cuando el objetivo perseguido también es legalizar o blanquear fondos marginales del director o administrador a fin de ser utilizadas operaciones a realizar en períodos fiscales futuros; sin embargo, no debe dejarse de lado que deberá abonarse el impuesto sobre los bienes personales por la tenencia patrimonial en cuestión.

- consumo: en este caso, el monto consumido se encontrará por encima del consumo real en virtud de esas sumas declaradas como renta que nunca llegaron a las manos del declarante.

Si bien la realización de esta conducta parecería no encuadrar dentro de la definición del vocablo "evasión", que hiciéramos al comenzar este trabajo por no existir violación a norma legal alguna, creemos que la disminución del monto tributario por el abuso de las formas jurídicas -conocido genéricamente bajo el nombre de "elusión"- debe incluirse también como una forma de evasión.

* Compra de facturas o autogeneración de facturas: resulta uno de los mecanismos más utilizados en nuestro país, con un gran crecimiento en la década del 90. Mediante la adquisición de facturas apócrifas (más comúnmente conocidas como "truchas"), el contribuyente pretende encubrir un gasto o una salida relacionada con el circuito marginal. Es aquí donde mejor se aprecia la "costumbre" argentina, que mencionáramos precedentemente, de mezclar el circuito marginal con el legal.

Frente a este fenómeno creemos que, en primer lugar, la Administración Tributaria debe contar con herramientas legales adecuadas para entablar la lucha contra la facturación apócrifa. 

Sostenemos esto porque, si bien hoy existe una disposición administrativa(15) que condiciona el cómputo del crédito fiscal en el impuesto al valor agregado y la deducción del gasto en el impuesto a las ganancias al cumplimiento de ciertas formalidades en el cuerpo de la factura o documento equivalente, dichas disposiciones no encuentran sustento legal alguno.

Al respecto, recordamos que los únicos requisitos que debe contener la documentación respaldatoria, exigidos por la ley del impuesto al valor agregado para que el contribuyente pueda computarse el crédito fiscal son: la discriminación del tributo,(16) la clave única de identificación tributaria(17) del contribuyente y su condición frente al impuesto.(18)

En el impuesto a las ganancias la situación es aun más compleja, debido a que la impugnación de la deducción impositiva se encuentra condicionada a la inexistencia de documentación,(19) o a la omisión de la actuación como agente de retención cuando el contribuyente estuviera obligado a retener.(20)

Para agravar la situación de la Administración en la lucha contra la factura apócrifa, el decreto reglamentario(21) del impuesto a las ganancias establece tres situaciones donde, aun sin documentación de la erogación, es posible su deducción en el balance impositivo.

Es por ello que nuestra propuesta en este tema es darle fuerza legal a nuevos requisitos que condicionen el cómputo del crédito fiscal en el impuesto al valor agregado y la deducción del gasto en ganancias, pero teniendo presente que estos requisitos no pueden ser de índole formal, como los plantea la resolución general (AFIP) 100, sino que sería conveniente establecer la obligación legal de validar el documento recibido mediante la consulta en Internet a una base de datos fiscales que debe estar debidamente actualizada y no contener errores que perjudiquen al contribuyente.

Volvemos a insistir que el Fisco sólo podrá hacerse fuerte en la lucha contra la facturación apócrifa cuando se le faciliten medios legales para dicha batalla. Hoy por hoy, ignorando la pirámide jurídica que debe regir todo sistema republicano que se precie de tal, existen en nuestro país normas emanadas del propio Organo Recaudador -a las que ya hemos hecho referencia- que disponen procedimientos o requisitos inválidos desde el punto de vista jurídico por carecer los mismos de sustento legal.

4. CONCLUSION

El complejo fenómeno de la evasión tributaria no puede ser resuelto mediante soluciones mágicas o a corto plazo. Requiere, en cambio, un trabajo coordinado de las diferentes áreas gubernamentales que involucre a todos los sectores sociales.

De esta manera, es menester, entre otras cosas, realizar un trabajo social destinado a concientizar a las generaciones venideras respecto de la importancia de pagar los impuestos, contar con una justicia eficiente que juzgue y castigue a quienes no cumplen con sus deberes tributarios, etc.

Ahora bien, desde el punto de vista estrictamente técnico, sí es posible encontrar soluciones en un plazo mucho más corto que las mencionadas en el párrafo anterior. Como corolario del presente trabajo, nos permitimos sugerir las siguientes:

- Ajustar el sistema impositivo para que sea coherente con los principios que deben regir la tributación, en especial que se respete a ultranza la teoría de la capacidad contributiva y no se graven conceptos o hechos que nada tienen que ver con la misma, salvo para mejorar la eficiencia económica.

- Dotar a las normas tributarias de todo tipo (leyes, decretos, resoluciones, etc.) de una estabilidad o vigencia que se prolongue en el tiempo, evitando dejarlas sometidas al libre albedrío de los funcionarios de turno.

- Modificar las leyes impositivas para entregarle al Organismo Fiscal herramientas de lucha válida contra el flagelo de la factura apócrifa, debido a que ello repercute en la coexistencia de circuitos espúreos y marginales con el andamiaje legal del sistema económico.

- Utilizar toda la fuerza cibernética para contrarrestar la debacle flagelo de la factura ilegítima y darle estabilidad al uso de sistemas operativos con los que se determinan y liquidan las obligaciones impositivas y previsionales.

[1:] Villegas, Héctor B. y otros: "La evasión fiscal en la Argentina" - DF - T. XXIII - pág. 337
[2:] L. 25063 (BO: 30/12/1998)
[3:] L. 23966 (BO: 20/8/1991)
[4:] IGMP - L. 25239 (BO: 31/12/1999)
[5:] Citado por Grondona, Mariano: "La corrupción" - Ed. Planeta - 1993 - pág. 71
[6:] Maquiavelo, Nicolás: "El Príncipe" -ed. en castellano- - Alianza Editorial - 1999 - pág. 41
[7:] El Parlamento inglés, al mando de Oliver Cromwell, se alzó contra el rey absolutista Carlos I y lo venció en 1649, decapitándolo posteriormente frente al pueblo. De esta manera, comenzó la decadencia del absolutismo inglés, cuyo final se produjo en 1688 a través del dictado del "Bill of Rights"
[8:] Balter, Carlos: "Para que las medidas no fracasen" - La Nación - 22/6/2000
[9:] Tener en cuenta que se lo publicitaba como "simple muy simple", y como ventaja se anunciaba la prescindencia del contador
[10:] Dispuesto por el artículo sin número a continuación del art. 8º, D. 885/98 (BO: 31/7/1998), modificado por el D. 485/00 (BO: 20/6/2000)
[11:] La RG (AFIP) 830 se publicó el 28/4/2000 y su entrada en vigencia fue el 1/8/2000
[12:] 5 anticipos del 20% cada uno
[13:] Previstas en el art. 8º, D. 618/1997
[14:]  Todas aquellas mencionadas en el art. 69, inc. a), de la ley del impuesto (SA, SRL y SCA)
[15:] Art. 41, RG (AFIP) 100
[16:] Art. 12, inc. a), ley del IVA
[17:] Art. 37, ley del IVA
[18:] Art. 41, ley del IVA
[19:] Art. 37, LG (salidas no documentadas)
[20:] Art. 40, LG. La AFIP anuncia su aplicación entre las sanciones previstas por el nuevo régimen retentivo de la RG 830
[21:] Art. 55, DR (D. 1344/98 - BO: 25/11/1998)

EL PRESENTE TRABAJO SE ENCUENTRA PUBLICADO EN REVISTA DOCTRINA TRIBUTARIA DE ERREPAR , DICIEMBRE/00