NATURALEZA JURIDICA

* No es un contrato especial, sino un instituto de los contratos por tiempo indeterminado y prestaciones continuas: no rige en los contratos de temporada ni en aquellos atípicos de prestaciones discontinuas

En la actualidad no se discute que el período de prueba no es un tipo especial de contrato -contrato a prueba-, sino un instituto del contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Se presume "juris tantum" que ha sido incorporado en todos los contratos del tipo con prestaciones continuas. Otras de las discusiones que en un momento se plantearon, durante la vigencia de las leyes 24565 y 25013, fue si el instituto se aplicaba a todos los contratos por tiempo indeterminado, incluido el contrato de temporada. La ley 25250 dispone explícitamente que el período de prueba no rige en los contratos de trabajo de temporada, que son por tiempo indeterminado pero discontinuos (art. 96, LCT). Añadiré que considero incluidos en la excepción a todos los contratos con prestaciones discontinuas: por ejemplo, el caso del gastronómico que trabaja sólo los días de semana en un restaurante. Se da en el supuesto la misma razón que en los contratos de temporada: si el período de prueba es muy largo -6 meses, un año-, podría suceder que el dependiente estuviera durante años sin gozar de protección alguna contra el despido arbitrario, lo que sería groseramente inconstitucional pues conculcaría la cláusula que garantiza a los trabajadores protección contra el despido arbitrario.

En primer lugar, observo que el período de prueba es aplicable a los contratos de trabajo a tiempo parcial (art. 92 ter, LCT), en tanto ellos sean celebrados por tiempo indeterminado y sean de prestaciones continuas.

Va de suyo que no se aplica a los contratos temporales (contratos por tiempo determinado o contratos eventuales).

Tratándose de una disposición de la ley de contrato de trabajo (LCT), sólo será aplicable a aquellos estatutos especiales compatibles con esta última ley; verbigracia, el estatuto del viajante de comercio y el régimen de docentes particulares. En cambio, no se aplicará en aquellos estatutos que, por sus particularidades, hayan incorporado un período de prueba, o a aquellos que sean incompatibles con la LCT como los estatutos del periodista, de la construcción y de los encargados de casas de renta.

Tampoco es aplicable al trabajo agrario ni al servicio doméstico, porque son trabajadores excluidos de la ley general.

* No es una norma de orden público, porque no está al servicio del principio protectorio: es una facultad del empresario que incrementa su poder de organización y dirección, aumentando la hiposuficiencia del trabajador

Aquellas normas que instrumentan distintos aspectos del principio protectorio, como, por ejemplo, la irrenunciabilidad de derechos del dependiente, son normas de orden público relativo. En este caso, estamos ante una disposición que favorece al empleador, aumentando su poder de organización y dirección, incrementando la hiposuficiencia de los trabajadores. Por ello, es disponible por el empresario, quien puede renunciar a ella.

Es de naturaleza contractual, y ello surge claramente de la primera formulación: es un instituto que crea facultades disponibles para el empresario. No es una norma de orden público ni una obligación impuesta por la ley.

PARA QUE TENGA VALIDEZ DEBE SER REGISTRADO

La ley es expresa en cuanto a que el empleador debe registrar el contrato de trabajo, que comienza por el período de prueba. Caso contrario, y sin perjuicio de las consecuencias que se derivan de ese incumplimiento, se presume, "juris et de jure", que el empresario ha renunciado a dicho derecho.

Esta disposición del artículo 92 bis, inciso 2), abarca tanto la falta total o parcial de registración del contrato (trabajador clandestino o en negro, trabajador parcialmente blanqueado, trabajador inscripto tardíamente) como el de la falta de inscripción del propio período de prueba, pues tratándose, en mi opinión, de una facultad renunciable por el empleador, su falta de enunciación en el momento de la celebración del contrato implica una renuncia irrevocable.

ACCIDENTES Y ENFERMEDADES INCULPABLES DURANTE SU TRANSCURSO

Los accidentes y enfermedades del trabajo regidas por la ley 24557 originan derechos a las prestaciones íntegras de esta última ley, ya que, por su naturaleza, lo que cubre es el daño producido por el hecho del trabajo, que se aplica a todo tipo de contratos, incluidos los eventuales, cualquiera fuera su duración, con excepción del trabajo doméstico.

En cambio, los accidentes o enfermedades inculpables, regidos por los artículos 208 a 213 de la LCT, tienen aplicación durante el tiempo que dure la prueba. La ley dice que las prestaciones perdurarán exclusivamente hasta la finalización del período de prueba si el empleador rescindiere el contrato de trabajo durante ese lapso.

La primera cuestión que se plantea a este respecto es relativa a la duración del período pago cuando la prueba supere los máximos del artículo 208 de la LCT. Sobre este punto me inclino a pensar que como se trata de una disposición "pro operario", debe ser interpretada literalmente, por lo que el período pago será el que reste hasta finalizar el período de prueba, prevaleciendo lo dispuesto en la ley 25250 sobre lo que dice la ley general.

A su vez, son aplicables otras disposiciones, como la del artículo 211 de la LCT sobre la conservación del empleo, también hasta la finalización del período de prueba. Sin alta médica, la situación es la que planteo en el párrafo anterior.

En particular, considero de aplicación el parágrafo 1º del artículo 212 de la LCT, en cuanto establece que si del accidente o enfermedad resultare una disminución definitiva en la capacidad laboral del trabajador, y éste no estuviere en condiciones de realizar las tareas que anteriormente cumplía, el empleador deberá asignarle otras que pueda ejecutar sin disminución de su remuneración. Esta hipótesis no se opone a la continuación del instituto que trato, dados los distintos matices que pueden presentarse durante la prueba. Esta norma cierra el círculo de protección incorporado por la ley 25250, al que nos referimos anteriormente.

En cambio, resulta obvio que no es de aplicación ninguna de las disposiciones que originan indemnizaciones por razón de enfermedad o accidente de la LCT, reducidas o agravadas.

EL PRESENTE TRABAJO SE ENCUENTRA PUBLICADO EN REVISTA DOCTRINA LABORAL DE ERREPAR, TOMO XV, MAYO/01