La posibilidad de cancelar obligaciones mediante la entrega de títulos públicos ha constituido una solución utilizada con frecuencia por el Estado en la última década. Esa modalidad de pago se ha admitido en casos de cancelación de deudas del Estado con particulares (proveedores, contratistas, jubilados, honorarios de profesionales regulados en juicios, etc.), como en el de pago de activos vendidos por los Estados Nacional y Provinciales (privatizaciones), así como también en casos de cancelación de impuestos adeudados.

En estos supuestos las normas de aplicación establecieron, la mayoría de las veces, criterios arbitrarios para la valuación de los títulos, de forma tal que el monto resultante estuvo, en general, por encima de los valores reales de mercado originándose así diferencias cuyo tratamiento fiscal ha sido objeto de más de una solución.

Nos referimos concretamente al criterio aplicado por la Dirección General Impositiva en los siguientes casos:

- el pago de acciones de sociedades constituidas por el Estado Nacional con motivo de la privatización de la distribución del gas; y

- el pago de impuestos adeudados mediante regímenes excepcionales de cancelación (moratorias).

En ambos supuestos la Dirección consideró que las diferencias entre los valores de costo de los títulos públicos utilizados y los valores arbitrarios asignados por el Estado, a los fines que en cada caso se perseguía, constituían resultados comprendidos en el ámbito del impuesto a las ganancias. Sin embargo, no es ésa la solución que resulta de una adecuada interpretación de las normas aplicables. Por eso, consideramos oportuno intentar una contribución tendiente a otorgar luz sobre este problema.

I - LAS PRIVATIZACIONES DE SOCIEDADES DISTRIBUIDORAS DE GAS

En este caso, el sistema normativo creado para posibilitar la privatización de Gas del Estado consistió, en esencia, en la división de la empresa estatal en varias sociedades anónimas creadas al efecto y el llamado a licitación para vender, al mejor postor, las acciones de las nuevas sociedades. Simultáneamente, las normas de aplicación permitieron que el precio fuera parcialmente pagado con títulos públicos. Dichos títulos, a los fines de la valorización de las ofertas, debían considerarse por valores arbitrariamente establecidos en base a sistemas de valuación que resultaban de las mismas normas. Los valores así obtenidos eran superiores a los vigentes en el mercado para las especies admitidas.

A los fines de una total comprensión del problema, sólo resta agregar que las ofertas, su selección y la adjudicación al ganador se llevaron a cabo en el año 1992; la entrega de las acciones a los compradores el 28 de diciembre del mismo año y el pago del precio comprometido se completó en marzo del año siguiente.

Tratemos ahora de ejemplificar la operación, en forma numérica y simplificada, para facilitar su visualización:

- la sociedad oferente ofreció títulos cuyo valor de cotización, en ese momento, era de $ 80.

- La oferta fue valuada en $ 100 por aplicación de las normas específicas que regían la privatización.

- Cuando el oferente se supo ganador, adquirió los títulos y los pagó $ 82.

- El 28 de diciembre recibió las acciones y, en su contabilidad, las valuó por el valor de cotización en ese momento de los títulos adeudados $ 83.

- Tres días después, el 31/12/1992, el valor de cotización de los títulos seguía siendo el mismo y el comprador cerró balance presentando, a fines fiscales, la siguiente situación:

- En marzo de 1993 cancela su deuda entregando los títulos públicos que tenía en cartera, cuyo valor de cotización era ahora de $ 86, pero ello es intrascendente desde el punto de vista fiscal, ya que los $ 3 que ha ganado por la tenencia de los títulos públicos se ven compensados con la pérdida de igual monto que ha sufrido por la revalorización de la deuda con el Estado.

En el ejemplo que acabamos de desarrollar, queda claro que el único beneficio obtenido es de $ 1 y resulta de la valorización de los títulos públicos adquiridos, ya que su cotización pasó de $ 82 en el momento de su compra, a $ 83 al cierre del ejercicio.

Sin embargo, la Dirección General Impositiva ha resuelto la cuestión aplicando un criterio distinto. Sostiene el Fisco que, habida cuenta de que la oferta fue valorizada a los fines de la licitación en $ 100, ése es el valor de compra de las acciones y, consecuentemente, ése es también el monto de la deuda con el Estado. Si, al 31/12/1992, el valor de la misma deuda ha quedado disminuido a $ 83, ya que ése es el valor de mercado de la especie adeudada, el adquirente ha obtenido un beneficio de $ 17 por desvalorización del pasivo en especie.

El criterio fiscal resulta, y así lo sostiene en los actos determinativos, de la aplicación de las disposiciones contenidas en la misma ley del impuesto a las ganancias que se refieren al tratamiento de las diferencias de cambio (art. 68) y a la valuación, tanto de los títulos públicos como de los créditos y deudas [arts. 96, inc. c) y 97, inc. b)].

II - EL PAGO DE IMPUESTOS A TRAVES DE REGIMENES EXCEPCIONALES

Un caso concreto es el que resulta de la aplicación del régimen del decreto 316/95, que permitió, simultáneamente con un régimen de presentación espontánea y facilidades de pago, la cancelación de deudas fiscales con BOCONES computados por su valor nominal, siendo que su valor de cotización no alcanzaba al 40% de aquél.

Los contribuyentes que aprovecharon esa ventaja pretendieron, adicionalmente, tratar el beneficio obtenido como un resultado exento del impuesto por aplicación de la norma, hoy derogada, que eximía a las ganancias provenientes de enriquecimientos a título gratuito [inc. u), art. 20, ley del tributo].

La pretensión fue rechazada por la Dirección General Impositiva por entender que no se daban los supuestos para admitir esa calificación -Dict. (DAL) 1/96 del 2/1/1996- y el criterio fue publicitado cinco días después por medio de la resolución general 4122.

Ahora tomamos conocimiento de la existencia de pronunciamientos del Tribunal Fiscal de la Nación en causas en las que se le sometió la cuestión.

Tanto la Sala "A", el 27/4/2000, como la Sala D, el 24/5/2000, en autos "Santa María SAIF" y "Petrolera Pérez Companc SA", respectivamente, se expidieron en forma coincidente convalidando el criterio fiscal.

Sin embargo, en ambos decisorios, el criterio del Tribunal no resultó de considerar que el beneficio obtenido carecía de la gratuidad exigida por la norma exentiva cuya aplicación los contribuyentes pretendían, como había argumentado la Dirección en la resolución 4122, sino de entender que la utilidad estuvo dada por la realización de títulos públicos por un valor superior al de costo y, como tal, estaba gravada.

Los recurrentes habían sostenido la existencia de un beneficio derivado de la cancelación, con quita de sus deudas fiscales, y lo habían calificado de "exento" por las razones ya adelantadas.

El Fisco había admitido la misma causa de ganancia (la quita en el valor de la deuda), pero había discrepado en cuanto a su carácter exento por entender que la exención no puede comprender a los beneficios derivados de disposiciones legales de naturaleza tributaria que revisten carácter general.

El Tribunal desestimó la posibilidad de admitir "quitas" en el pago de impuestos porque ello sería desconocer la existencia del principio de legalidad que impediría al Poder Ejecutivo efectuarlas. Por eso entendió, como dijimos antes, que el beneficio estuvo dado por la aplicación de los títulos públicos al pago de la deuda por un valor superior al de costo, constituyendo una ganancia derivada de su realización que no admite ser calificada como obtenida a título gratuito y que, por tal razón, debió ser incluida en la base de imposición.

También debemos adelantar que, aunque compartimos los efectos que estas sentencias producen, no lo hacemos por los fundamentos que sirvieron para fundarlas, sino por otros que, en nuestra opinión, son los que surgen de una interpretación más armónica de las normas aplicables.

III - LA APARENTE SIMILITUD DE AMBAS CUESTIONES

Tanto en el caso de la cancelación del precio de compra de las acciones de las sociedades privatizadas como en el de los pasivos fiscales, se utilizaron títulos públicos y se computaron por valores superiores a los de mercado. Sin embargo, esa aparente similitud no es suficiente para justificar el otorgamiento del mismo tratamiento fiscal a ambas cuestiones. Para apreciar la diferencia es conveniente adelantar que, en nuestro sistema de imposición sobre los beneficios, los resultados computables pueden derivar de varias circunstancias posibles: la venta de bienes y la cancelación de pasivos, son algunas de ellas. En tanto que no lo son las operaciones de compra de activos, excepto que la ley lo indique expresamente, como ocurre cuando los inventarios se valúan por importes distintos de los costos incurridos en su obtención. Y ello sucede, precisamente, cuando se adquieren títulos públicos con cotización en bolsas o mercados -art. 96, inc. c) de la ley del tributo-, en cambio no ocurre cuando se adquieren acciones de sociedades anónimas ya que, por así establecerlo el artículo 61 de la misma ley, coticen o no en bolsas o mercados, deben valuarse a su costo de adquisición.

Tanto las compras como los pasivos pueden cancelarse mediante el pago, el que puede efectuarse con dinero o mediante la entrega de otros bienes cuando voluntariamente las partes así lo aceptan. A esta última modalidad se la denomina en derecho "dación en pago".

El pago mediante entrega de bienes que no sean dinero constituye un acto de realización de los mismos y, como tal, es susceptible de generar resultados fiscalmente computables con independencia de los que se produzcan con motivo del pago mismo que, como ya dijimos, no existen cuando se trata de compras en tanto que pueden generarse cuando se cancelan deudas.

Si el pago se efectúa con dinero y se trata de una compra, el monto pagado determinará el costo de la adquisición y ello será intrascendente en ese momento frente al impuesto a las ganancias.

Si, por el contrario, se cancela una deuda entregando una cantidad de dinero inferior al monto adeudado y el acreedor lo acepta, la diferencia constituirá una ganancia gravada para el deudor.

Si el pago, en cambio, se efectúa mediante entrega de bienes, a los efectos producidos que acabamos de citar, habrá que adicionarle el derivado de la realización de los bienes utilizados. Dicho resultado se obtendrá restando del valor de realización el costo de los mismos, pero ese valor de realización no tiene por qué coincidir con el monto nominal de la compra o pasivo que se cancela.

Todo esto se verá con más claridad a medida que analicemos las normas de aplicación.

IV - EL SISTEMA DE NUESTRA LEY

A) EL CRITERIO DE REALIZACION

En el sistema de nuestra ley, para que exista ganancia se requiere un crecimiento de la riqueza a partir de un acto de disposición. La admisión de la existencia de algunas ganancias, sin que exista transacción con terceros, tiene carácter excepcional y sólo cabe cuando es establecida en forma expresa. Ello ocurre, entre otros, con los cambios de categoría de la hacienda en los establecimientos agropecuarios o con la valuación a precios de mercado de las tenencias de ciertos bienes que, recordemos, se verifica, entre otros, en el caso de los títulos públicos con cotización.

El método adoptado es conocido en doctrina como de "realización" y se opone al que admite la existencia de ganancia por el mero crecimiento en el valor de los bienes poseídos, al que se lo conoce como criterio de "valorización".

Sólo cuando hay "disposición" hay beneficio (o pérdida) y éste viene dado por la diferencia entre el precio de venta y el de costo computable el que, en general, coincide con el valor de adquisición. De esta afirmación se desprende una primera conclusión: la compra de bienes no constituye causa generadora de beneficios. Quien compre un bien barato sentirá una gran satisfacción, pero sólo cuando lo venda por un precio superior podrá ser sometido a imposición.

Si, como hemos afirmado, el resultado fiscalmente computable deriva de un acto de disposición y su cuantificación se produce por la diferencia entre el valor de realización y el valor de costo, sólo resta establecer los criterios utilizados por nuestra ley para determinar dichos valores.

B) EL CONCEPTO DE COSTO DE ADQUISICION

Lamentablemente, nuestras normas no contienen una definición expresa del concepto de costo de adquisición. Sin embargo, nada indica que la intención del legislador haya sido la de apartarse del alcance que la expresión tiene en su sentido económico común. Con arreglo a ella, costo es el verdadero esfuerzo para obtener algo. Todas las acepciones insisten sobre el mismo contenido [1]: "suma de los esfuerzos, expresados cuantitativamente, que son necesarios para lograr una cosa"; "sacrificio económico en pos de un objetivo determinado"; "precio que se abona por la adquisición de un producto más los gastos de compra"; "valor en dinero pagado para producir o adquirir un bien o servicio" y "sacrificio económico que origina la compra de un bien o servicio, dicho sacrificio puede no ser la entrega de dinero sino que puede tratarse de la prestación de un servicio o la entrega de bienes".

Aceptemos entonces que el costo de adquisición está dado por el esfuerzo aportado para obtener el bien incorporado. Si el esfuerzo consiste en la entrega de dinero, el monto entregado será el determinante. Si, por el contrario, lo entregado fueron bienes, el valor de mercado de éstos será la base del avalúo. Ello resulta de las palabras de Raimondi y Atchabahian [2] quienes, con la claridad que los caracteriza, resuelven de esa manera el problema y, simultáneamente, señalan el tratamiento aplicable a la cancelación de deudas. Así, después de puntualizar que nada se ha dispuesto sobre el costo atribuible a los bienes que se convenga recibir en pago de un crédito, señalan que, en tal situación, si el valor de mercado de los bienes recibidos es superior al del crédito por el cual se los recibe en pago, deben valuarse por el valor del crédito que cancelan, ya que el costo de un bien no puede ser mayor que el esfuerzo realizado para obtenerlo. Si, por el contrario, el bien recibido tiene un valor en plaza inferior al del crédito y el acreedor ha decidido remitir el resto de la deuda, la diferencia constituye un quebranto, ya que no es admisible incorporar un bien al patrimonio por mayor valor del que posea en el mercado.

La operación, vista desde el lado del deudor, tiene una solución simétrica: si entrega bienes cuyo valor de mercado supera el monto de su deuda y el exceso no le es reintegrado, obtiene un quebranto; si los bienes entregados en plaza valen menos que el monto de la deuda que cancelan y, no obstante, el acreedor así lo admite otorgando carta de pago, el deudor obtiene un beneficio.

Queda claro, entonces, que el costo es la medida del esfuerzo pero no puede superar al valor de plaza.

C) EL VALOR DE REALIZACION

Cuando quien entrega bienes recibe a cambio dinero, el monto recibido constituye el precio de venta o valor de realización. Sobre ello no hay duda: el dinero es el común denominador de los valores y, por esa razón, nadie se atrevería a sostener otra cosa. Pero cuando la transacción consiste en un intercambio de bienes que no son dinero, la solución es más compleja.

Abundan en las leyes y en sus reglamentaciones normas que remiten, en esos casos, a la consideración de los valores de mercado.

A los efectos de la liquidación de los tributos, las operaciones y los réditos no monetarios serán convertidos a su equivalente en moneda de curso legal, señala el artículo 110 de la ley de procedimientos fiscales en expresión que poco aporta para resolver el problema aunque, a continuación, refiriéndose a operaciones en moneda extranjera, en las que no haya una efectiva conversión o negociación de la moneda, apela al valor al que se hubiere negociado o convertido "en atención a las circunstancias del caso".

Entre las normas propias del impuesto a las ganancias, la adopción del valor normal de plaza o mercado es permanente. Los artículos 43 y 72 de la ley se refieren a él en los casos de arrendamientos y dividendos en especie, respectivamente. El decreto reglamentario utiliza la misma solución para establecer el valor de ciertos bienes recibidos por herencia (art. 7º), también para los adjudicados por disolución de sociedades (art. 71), así como los pagos en especie de rentas del trabajo personal (art. 110). Pero es el artículo 28 del reglamento, sin duda, la norma específica, ya que señala: "Cuando la transferencia de bienes se efectúe por un precio no determinado (permuta, dación en pago, etc.) se computará a los fines de la determinación de los resultados alcanzados por el impuesto, el valor de plaza de tales bienes a la fecha de la enajenación". Tanto la "permuta" como la "dación en pago" incluyen la entrega de bienes sin que se reciba su precio en dinero. En el primer caso se recibe otro bien; en el segundo caso se cancela una deuda que, seguramente, tiene un valor determinado, pero ello no modifica la solución. De ahí el uso de la expresión "transferencia por un precio no determinado" ya que ningún cambio en el tratamiento produciría el hecho que las partes asignen un precio determinado a la transferencia. En todos los casos, a los fines de la determinación de los resultados alcanzados por el impuesto a las ganancias, se computará el valor de plaza, en el momento de la transferencia, de los bienes entregados.

Ello es indiscutiblemente así, ya que pretender afirmar que, cuando existe, debe prevalecer el precio determinado por las partes, es desconocer las bases de funcionamiento del sistema. Alcanza con señalar que, de admitirse esta solución, el Fisco estaría incapacitado para corregir el tratamiento fiscal de toda venta en que las partes hayan establecido un precio arbitrario distinto del valor real o de mercado de la especie utilizada para el pago.

Superfluo es agregar que el cómputo a valores de mercado también debe aplicarse a los créditos y deudas en bienes que no sean dinero ya que no sería admisible, cuando se utiliza el sistema del "devengado", mantener cuentas a cobrar o a pagar por montos que no representen los valores reales vigentes.

Por último, vale la pena destacar que las dificultades de valuación que pueden presentar las especies quedan fácilmente resueltas cuando las mismas cotizan en bolsas o mercados, en cuyo caso, el valor de cotización para operaciones en condiciones similares, conforma un monto objetivamente obtenido que no admite discusión.

D) LA APLICACION DE ESTOS PRINCIPIOS

Veamos ahora qué resulta de la aplicación de estos principios.

El pago de una deuda mediante la entrega de bienes que no sean dinero produce los siguientes efectos fiscales:

- Para el deudor, dos resultados posibles. Uno dado por la diferencia entre el costo (o valor en el último inventario) y el valor de mercado de los bienes entregados. El otro resultará de la diferencia entre dicho valor de mercado y el de la deuda que cancela.

- Para el acreedor, el resultado será consecuencia de la comparación entre el valor de mercado de los bienes recibidos y el monto de su crédito.

* Si el deudor debe $ 90 y entrega bienes cuyo valor de mercado es $ 75, pero que había comprado en $ 70, obtiene dos beneficios que debe adicionar: $ 5 por realización de los bienes, más $ 15 por cancelación de su deuda. El acreedor, en cambio, ha sufrido un quebranto de
$ 15 por haber aceptado bienes cuyo valor de mercado es de $ 75 cuando su crédito era de $ 90.

Si se trata de una compra al contado que se cancela mediante la entrega de bienes, éstos serán los efectos:

- Para el comprador, el único resultado posible será el que surja de comparar el valor de mercado de los bienes entregados con su costo (o valor en el último inventario). Ese será el costo del bien o servicio adquirido y tendrá el tratamiento que corresponda según su carácter de inversión o gasto.

- Para el vendedor el resultado surgirá de restar del valor de mercado de los bienes recibidos el costo de los entregados.

* Si la compra se efectúa por un valor nominal de $ 90, cancelable mediante la entrega de bienes cuyo valor de mercado es de $ 75 y su costo fue de $ 70, el único beneficio que la operación genera al comprador será de $ 5, derivados de la entrega en $ 75 de los bienes cuyo costo fue de $ 70. Y el costo de los adquiridos, demás está decirlo, será de $ 75. El vendedor determinará su resultado computando un precio de venta de $ 75.

Si la compra o la venta no se concertó al contado, sino con entrega diferida de bienes, habrá que diferenciar dos momentos: el de la recepción o la entrega de los bienes adquiridos o vendidos, respectivamente, y el de la entrega o la recepción de los bienes entregados en pago. En este caso, es probable que la especie que se utilizará para pagar sufra variaciones permanentes en su valor de plaza -ello seguramente ocurre si las especies cotizan en bolsas o mercados- y, en consecuencia, el valor, cuando se efectúa la oferta, difiera del vigente al celebrar el contrato, y éste, a su vez, sea distinto del que rija al momento de recibir los bienes adquiridos, y vuelva a modificarse entre ese momento y el de la entrega de la especie adeudada. Sin embargo, para dar solución al problema fiscal, sólo interesa conocer el valor de cotización de la especie comprometida en pago en dos momentos: al recibir los bienes adquiridos y al entregar, en pago, los prometidos. El primero servirá para definir el costo de la adquisición. El segundo, para establecer el costo de la financiación y el resultado de la realización de la especie utilizada para pagar. Si en medio de ambos se produce un cierre de ejercicio, también interesará el valor de cotización en ese momento, ya que servirá para revaluar la especie que aún no se entregó -si es que ésta ya fue adquirida- y la deuda contraída, aunque, en ese caso, el efecto de ambas se neutralizará totalmente ya que serán iguales pero de signo contrario.

Cabe concluir que el sistema que intentamos esbozar no sólo resulta de normas expresas de la ley del impuesto y de su economía general, sino que resuelve las situaciones en las que es aplicable en forma armónica y con respeto de los fines perseguidos por el legislador.

Así, si un profesional recibe títulos públicos en pago de sus honorarios y estos títulos tienen un valor de cotización inferior al monto nominal de su crédito, el sistema de la ley conduce al cómputo de la renta gravada de la cuarta categoría por el valor efectivo de los títulos recibidos. Sin embargo, el criterio que dimana de los antecedentes citados al principio de este trabajo -en la visión de la DGI en el primer caso y del TFN en el segundo- conduce a sostener que la renta de cuarta categoría, que el beneficiario acaba de percibir, equivale al monto nominal del crédito, en tanto que la diferencia entre ese importe y el valor real de los títulos recibidos constituye un quebranto por la realización de títulos públicos. O, dicho de otra manera, la aplicación del criterio fiscal induce a admitir la siguiente conclusión: si el que paga obtiene un beneficio por la realización de títulos públicos, derivado de la cancelación de una obligación por su valor nominal, el que cobra debe entender que también cobra por el monto nominal, pero como la especie recibida tiene un valor inferior, termina obteniendo una pérdida por la venta de títulos. Consecuentemente, si para alguna de las dos partes existe un tratamiento exentivo para con los resultados de los títulos públicos, será cuestión que ese sujeto obtenga la ganancia exenta y, de esa forma, reduzca artificialmente su base de imposición. Tal como ocurriría si un profesional que obtiene rentas de cuarta categoría incurre en gastos deducibles, arbitrariamente inflados por establecerse su cancelación en títulos cuyo valor de mercado es inferior al nominal.

Veámoslo con claridad en un ejemplo: el profesional en cuestión contrata un servicio cuyo precio normal de mercado, que también es el de su proveedor, es de $ 800, pero solicita efectuar el pago en títulos públicos, cuyo valor nominal es de $ 1.000 y el de cotización es de $ 800. Adicionalmente, también requiere que la factura de su proveedor establezca como precio la suma de $ 1.000, aunque pagaderos en la forma ya expuesta. El apego a la nominalidad conduce a computar el gasto deducible por
$ 1.000 y una ganancia por realización de títulos de $ 200.

Nada de esto es posible respetando el sistema que la propia ley establece. Por eso, afirmamos que la interpretación desarrollada es la única que se concilia con el propósito perseguido por el legislador.

Ahora que hemos establecido las bases de funcionamiento del sistema, volvamos sobre los dos casos que impulsaron este trabajo.

V - LAS DETERMINACIONES EFECTUADAS A LAS COMPAÑIAS DE GAS

La aplicación del sistema que acabamos de desarrollar evidencia lo infundada de la tesis fiscal. Recuérdese que, en el ejemplo presentado, la ganancia resultaba de la desvalorización que se producía en la deuda con el Estado el 31/12/1992 con motivo del cierre del ejercicio, al pasar la misma de $ 100 a $ 83. En esencia, la Dirección General Impositiva considera que la deuda, cuyo nacimiento se produjo el 28/12/1992, tres días antes del cierre del ejercicio con motivo de la recepción de las acciones de la sociedad privatizada, modificó su valor en esos tres días, mientras los títulos públicos adeudados no sufrían cambio alguno en su valor de cotización. El error conceptual se origina en la consideración del valor original de la deuda, ya que se pretende computarlo arbitrariamente en $ 100 cuando lo adeudado desde el inicio fueron sólo $ 83 -el valor de los títulos públicos el 28/12/1992-, monto este que, va de suyo, coincide con el precio de costo de las acciones adquiridas.

Cualquier otra solución produciría una ganancia derivada de la compra de las acciones ya que, si las incorporamos en el arbitrario valor de $ 100 y nos comprometemos a pagar sólo $ 83, no podemos evitar la existencia de un beneficio por esa diferencia que, como ya hemos visto, está reñido con el sistema de nuestra ley, ya que ella, en su artículo 61, se ocupa de señalar expresamente que la ganancia se obtiene cuando se venden las acciones, y por la diferencia entre el precio de transferencia y el costo de adquisición.

VI - EL PAGO DE IMPUESTOS CON BONOS

En nuestra opinión, quien se apartó de la solución legal en este caso no fue el Organismo Recaudador, sino el Tribunal al que se le sometió la controversia.

Ya vimos que el criterio de la Dirección resultó del dictamen (DAL) 1/96, y en él se admite claramente, en coincidencia con nuestro criterio, la existencia de una ganancia derivada de la reducción en el valor de la deuda. Tanto es así que, en forma congruente con el sistema legal, el Fisco sostiene que, al reducirse los montos adeudados, se produce un recupero parcial de los gastos que originaron dicha deuda y, por tal razón, admite un tratamiento diferencial en las ganancias derivadas, ya que sólo considera gravadas aquellas que son consecuencia del recupero de gastos deducibles en la determinación del impuesto. Ello es correcto. Una solución distinta carecería de lógica, ya que al gravar el "supuesto" beneficio por realización de títulos, cuando éste proviene en realidad de la reducción de saldos impagos de conceptos que no fueron deducidos, se estaría creando artificialmente materia imponible. Así lo señala precisamente el mismo dictamen cuando, en su parte final, al referirse a intereses punitorios y multas no deducibles, agrega que "...cabe concebir que ya han integrado la materia imponible al tiempo de su devengamiento. Luego no corresponderá gravar el beneficio producido por su remisión, puesto que sería gravarlos dos veces, situación reñida con la equidad".

Este criterio era también el de los recurrentes, cuya única diferencia radicaba, como ya dijimos, en su consideración como ganancia no gravada por aplicación de la exención que, hasta el 31/12/1998, alcanzaba a los enriquecimientos a título gratuito. Fue ésta y no aquélla la razón que motivo la intervención del Tribunal Fiscal, pero su sentencia resultó de un nuevo y original enfoque: la incapacidad del Poder Ejecutivo para disponer reducciones de impuestos. Esta apreciación no es compartida, con buen fundamento, por Díaz Ortiz y Marconi [3], quienes señalan que, al admitir el artículo 111 de la ley 11683, en ese entonces, la remisión de la actualización, posibilitaba también la del impuesto, ya que aquélla participa, por imperio legal, de la misma naturaleza que éste (art. 115 de la misma ley, hoy último párrafo del art. 129).

Sin embargo, es obvio que disentimos con ellos cuando comparten y califican de "sólida" la decisión, en cuanto considera la existencia de un beneficio gravado por realización de títulos públicos.

VII – CONCLUSIÓN

Las recientes actuaciones que han motivado este trabajo están referidas a pagos mediante la entrega de títulos públicos. El criterio fiscal seguramente no resulta de una profunda convicción. Prueba de ello constituye el hecho de que, en el caso de las compañías de gas, situaciones producidas en los años 1992 y 1993 recién fueron cuestionadas ante la inminente prescripción a fines del año pasado, a pesar de haber sido sometidas a procesos de fiscalización con anterioridad y resultar insospechable la posibilidad de que la circunstancia pudo pasar inadvertida.

Por eso hemos intentado echar luz sobre una cuestión que va más allá del pago mediante la utilización de títulos públicos, sino que comprende, en realidad, a los pagos, cobros, créditos y deudas en especie.

[1]: Ver "Diccionario contable y comercial" - Valleta Ediciones - 1996

[2]: Raimondi y Atchabahian: "El impuesto a las ganancias" - Ed. Depalma - 1999 - pág. 562

[3]: Díaz Ortiz, José A. y Marconi, Norberto J.: "Jurisprudencia comentada" - DTE - Nº 245 - agosto/00 - Pto. III ("El Comentario") - Jurisprudencia Nº 17

EL PRESENTE TRABAJO SE ENCUENTRA PUBLICADO EN REVISTA DOCTRINA TRIBUTARIA DE ERREPAR , TOMO XXI, SEPTIEMBRE/00