EL DECRETO 146/01 REGLAMENTARIO DE LA LEY 25345: UNA NORMA DE DUDOSA LEGITIMIDAD

Por Amanda B. Caubet
Fuente: Errepar
04/01

La autora comenta el decreto 146/01, que en ciertos aspectos 
considera de dudosa aplicación, teniendo en cuenta
las normas de la ley 25345 que reglamenta parcialmente.

EL ARTICULO 132 BIS DE LA LEY DE CONTRATO DE TRABAJO (LCT)

El artículo 132 bis de la ley de contrato de trabajo (LCT), introducido por la ley 25345, prevé que si el empleador hubiere retenido aportes con destino a la seguridad social, cuotas dispuestas por convenciones colectivas de trabajo, aportes sindicales o con destino a sociedades mutuales o cooperativas, o cuotas por servicios y demás prestaciones que otorguen dichas entidades, y al momento de producirse la extinción del contrato de trabajo no le hubieren dado destino a esos importes conservándolos en su patrimonio, deberán, a partir de ese momento, pagar al trabajador afectado una sanción conminatoria mensual equivalente a la remuneración que se devengaba mensualmente a favor de este último al momento de operarse la extinción del contrato. Este importe se devengará con igual periodicidad a la del salario hasta que el empleador acreditare de modo fehaciente haber hecho efectivo el ingreso de los fondos retenidos, sin perjuicio de las penas que correspondieren en caso de haberse configurado un delito de derecho penal.

El artículo 132 bis se complementa con la disposición del artículo 132 de la LCT en cuanto autoriza las deducciones, retenciones o compensaciones de ciertos ítem como los enunciados más arriba, que debe hacer el trabajador y que el empleador retiene del salario y paga en su nombre, por disposición legal o por acuerdo voluntario con la entidad mutual o cooperativa de que se trate, por préstamos o servicios por ellas prestados. De tal modo, y con algunas salvedades, el artículo 132 constituye una enunciación más completa de aquellos rubros que el empleador puede retener de la remuneración con destino a terceros que tienen créditos contra el trabajador.

La ley 24769 sobre régimen penal tributario reprime con prisión de 2 a 6 años al agente de retención de aportes del Sistema de Seguridad Social Nacional que no depositare total o parcialmente, dentro de los 10 días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, los importes retenidos, siempre que el monto no ingresado superase la suma de $ 5.000 por cada período.

En todos los casos en que se hubiere omitido el pago al acreedor de una suma retenida, corresponderá asumir los daños y perjuicios pertinentes; con mayor motivo si se trata de un delito, por aplicación de los artículos 29 y 30 del Código Penal.

EL ARTICULO 1º DEL DECRETO 146 DEL AÑO 2001

El artículo 1º del decreto 146/01, que rige desde el 14 de febrero de este año, reglamenta la norma precedente y precisa que para que sea procedente la sanción conminatoria en el mismo establecida, el trabajador deberá previamente intimar al empleador para que, dentro del término de 30 (treinta) días corridos contados a partir de la recepción de la intimación fehaciente que aquél deberá cursarle a este último, ingrese los importes adeudados, más los intereses y multas que pudieran corresponder, a los respectivos organismos recaudadores.

La disposición referida merece mi crítica porque dada la naturaleza de los actos de omisión que enuncia, en algunos casos -por ejemplo, falta de depósito de los aportes jubilatorios- el trabajador sólo podrá tener conocimiento del hecho cuando el Organismo de Recaudación lo detecte, cuando reclame el beneficio respectivo o cuando la administradora de fondos de jubilaciones y pensiones en que esté inscripto le dé información sobre el estado de su cuenta. Tratándose de un trabajador incorporado al régimen de reparto solamente podrá acceder a la información respectiva cuando pida un certificado de aportes (art. 80, LCT) o cuando solicite el beneficio jubilatorio, lo cual revela una reglamentación irrazonable de la norma, que contraría su finalidad específica, ya que el empleador incumpliente, de acuerdo a la ley, está sujeto a las sanciones conminatorias desde el momento del incumplimiento. En la ley no hay postergación temporal, y el decreto reglamentario excede su ámbito propio cuando supedita temporalmente el comienzo de la sanción.

Considero en cambio que la norma cumple con acierto su finalidad cuando establece que el trabajador tendrá derecho a percibir, en concepto de sanción conminatoria mensual, el equivalente a la última remuneración mensual devengada a su favor, aclarando que las remuneraciones en especie deberán ser cuantificadas en dinero.

EL ARTICULO 80 DE LA LCT

El artículo 80 de la ley de contrato de trabajo impone al empleador la obligación de ingresar los fondos de seguridad social y los sindicales a su cargo, ya sea como obligado directo o como agente de retención, agregando la naturaleza contractual de esta obligación. Es por ello que el incumplimiento de las obligaciones frente a la seguridad social (por ejemplo, el pago de aportes jubilatorios a la ANSeS y la falta de retención del aporte correspondiente al trabajador) constituye una grave infracción contractual, es decir, una injuria que, previa intimación, justifica que el trabajador se dé por despedido (art. 242, LCT).

Continúa la norma disponiendo que el empleador, por su parte, deberá dar al trabajador, cuando éste lo requiriese a la época de la extinción de la relación, constancia documentada de ello. Y añade que "...durante el tiempo de la relación deberá otorgar tal constancia cuando medien causas razonables...".

Cuando el contrato se extinguiere por cualquier causa, el empleador estará obligado a entregar al trabajador un certificado de trabajo, conteniendo las indicaciones sobre el tiempo de prestación de servicios, naturaleza de éstos, constancia de los sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de la seguridad social. El certificado de trabajo no debe contener otras constancias que las que establece la ley (por ejemplo, se deben excluir las causas del cese, máxime si se ha debido a cesantías o calificaciones sobre la conducta del trabajador). La ley 24576 (BO: 13/11/1995) establece que en el certificado de trabajo deberá constar además la calificación profesional obtenida en el o los puestos de trabajo desempeñados, hubiere o no realizado el trabajador acciones regulares de capacitación. Pero debe tenerse en cuenta que este artículo está en el Capítulo VIII del Título Segundo de la LCT, el que aún no fue reglamentado ni sus normas numeradas.

Si el empleador no hiciere entrega de la constancia o del certificado previsto respectivamente en los apartados segundo y tercero de este artículo dentro de los 2 (dos) días hábiles computados a partir del día siguiente al de la recepción del requerimiento que a tal efecto le formulare el trabajador de modo fehaciente, será sancionado con una indemnización a favor de este último que será equivalente a tres veces la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios, si éste fuere menor. Esta indemnización se devengará sin perjuicio de las sanciones conminatorias que para hacer cesar esa conducta omisiva pudiere imponer la autoridad judicial competente.

EL ARTICULO 3º DEL DECRETO 146/01

El artículo 3º de la ley 25345, que agregó un tercer párrafo al artículo 80 de la LCT, referido a la sanción que podrá ser aplicable al empleador que no hiciera entrega de la constancia o del certificado a que dicha norma se refiere, ha sido reglamentado, en mi opinión de modo ilegítimo, por el artículo 3º del decreto 146 del año 2001. En dicha disposición se establece que el trabajador quedará habilitado para remitir el requerimiento fehaciente al que se hace alusión en el artículo que se reglamenta, cuando el empleador no hubiere hecho entrega de las constancias o del certificado previstos en los apartados segundo y tercero del artículo 80 de la lct, dentro de los 30 (treinta) días corridos de extinguido, por cualquier causa, el contrato de trabajo.

El exceso reglamentario es a mi juicio grosero, por cuanto la norma de la ley no sólo no impone ningún plazo al trabajador una vez extinguido su contrato, e incluso dicho artículo 80 permite al dependiente solicitar una constancia documentada del cumplimiento de las obligaciones del empresario de ingresar los fondos de seguridad social y sindicales a su cargo, ya sea como obligado directo o como agente de retención, estando vigente el contrato de trabajo. Por tanto, en cualquier momento durante la vigencia del contrato puede surgir la obligación de otorgar el certificado mencionado y si no se entrega, comienzan a correr los salarios punitorios. Lo mismo ocurre cuando la certificación se requiere después de terminado el contrato aunque hayan transcurrido más de treinta días de su finalización. La norma reglamentaria que critico parece ignorar ese derecho legítimamente consagrado, por lo que también considero inaplicable la reglamentación a este respecto.

CONCLUSIONES

Concluyo estas breves reflexiones afirmando que, en mi opinión, las disposiciones de los artículos 1º y 3º del decreto 146/01 carecen de vigencia y deben ser ignoradas en la medida en que imponen plazos o conculcan derechos consagrados por la ley.

EL PRESENTE TRABAJO SE ENCUENTRA PUBLICADO EN REVISTA DOCTRINA LABORAL DE ERREPAR, TOMO XV, ABRIL/01