La libertad de prensa, como garantía constitucional constituye el colofón de un largo proceso de luchas en pos de la preservación de la libertad de expresión, como derecho inalienable del ser humano.

     Con la aparición de la imprenta y, especialmente, a partir del siglo XVII la transmisión del pensamiento se expandió con una intensidad cada vez mayor(para una reseña de la evolución histórica, cfr. BADENI, Gregorio, Libertad de prensa, Abeledo Perrot, 1991, Bs.As., pág. 30 y ss).
La opresión recurrió a los más diversos mecanismos de censura para acallar las opiniones disidentes.

    Con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y la sanción de la Constitución de los Estados Unidos se dieron los primeros pasos tendientes a la institucionalización del derecho a publicar y difundir libremente las ideas.

     En nuestro país, la libertad de prensa forma parte del ideario de los hombres de Mayo, tuvo recepción en importantes precedentes y fue plasmada en la Constitución de 1853(Cfr. GONZALEZ CALDERÓN, Curso de Derecho Constitucional, Ed. G. Kraft, 1943, Bs.As., pág. 347 y ss).

     En su art. 14, se dispone que "todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos: ... de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa".

     Por su parte, el art. 32 incorporado por la Reforma de 1860 garantiza en forma expresa que, "El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal".
De esta forma, la libertad de prensa aparece como la de más amplia expresión y tutela constitucional.

     Ya en el siglo XX, la censura impuesta por los gobiernos –particularmente, los dictatoriales- demostró la necesidad de incrementar las medidas tendientes a la preservación de la garantía.

     En nuestro país, estas acciones dieron lugar a la elaboración de una profusa doctrina de la Corte Suprema en tal sentido(cfr. CATUCCI, Silvina, Libertad de prensa – Calumnias e injurias, Ediar, 1995, Bs.As., págs. 31 y ss.).

     La lucha continua por la plena vigencia de este derecho de la humanidad no puede, sin embargo, obnubilar el análisis de las nuevas condiciones empresarias en que se desarrollan los medios de comunicación.

     Por un lado, el alto desarrollo tecnológico conseguido en el último siglo ha permitido el desarrollo de medios de comunicación masiva de alcance mundial. Radio, televisión, televisión satelital y por cable, internet, impresión simultánea de periódicos en distintos puntos del planeta han constituido a los originalmente esforzados editores de periódicos en poderosos empresarios de multimedios.

     Por otro, el siglo se ha caracterizado por la concentración de capitales y empresas que han dado lugar en los últimos años a megaemporios con intereses diversificados en distintos rubros.

     Los dueños de medios de información ya no son necesaria ni mayoritariamente periodísticas "de raza" o de trayectoria. El poder de decisión pueden tenerlo fondos de inversión que, al mismo tiempo, controlan empresas mineras, alimenticias o tecnológicas.

     No estamos planeando una hipótesis extraña a nuestro República.
El principal multimedios del país, con control sobre el diario de mayor tirada y una emisora de radio y un canal de televisión, ubicados en los primeros lugares del ranking de oyentes y televidentes, ha reconocido –luego de la difusión de la versión por otro medio- que ha transferido un importante porcentaje del capital social a un fondo de inversiones extranjero.

     En la ciudad de Rosario, los dos principales periódicos –en teoría, competidores- terminaron siendo adquiridos por los mismos capitales convirtiendo, obviamente, dicha supuesta competencia en una cuestión retórica, cuando no oportunista.

     De esta manera, el control editorial se encuentra en manos de empresas cuyos intereses muchas veces pueden verse afectados por la difusión de ciertas noticias y, viceversa, la libertad de prensa puede verse afectada por la decisión editorial de no difundir aquellas.

     El concepto de libertad de prensa queda supeditado a los intereses de sus titulares que no están exclusivamente dedicados a esta empresa.
De esta forma se desnaturaliza el criterio editorial en torno a la selección de las noticias, priorizando o desestimando las mismas por razones ajenas a las estrictamente periodísticas.

     Sin introducirnos en la ingerencia activa de los medios en campañas políticas o en disputas empresarias de magnitud –lo que excedería en mucho esta nota-, resulta indudable que la opinión publicada incide fundamentalmente en la opinión pública.

     Un ejemplo de esto es la manera en que se informa sobre el auge –o presunto auge- de la delincuencia, en los últimos tiempos.
Decimos presunto auge, porque no existen estadísticas serias sobre el fenómeno.

     Mark Fishman fue el encargado de demostrar como los medios de comunicación de masas producen "olas de criminalidad", impresiones subjetivas de estallidos o epidemias periodísticas de actos criminales.

     Fishman acreditó con estadísticas contundentes e irrebatibles como, a fines de 1976, los tres principales periódicos de Nueva York –New York Time, New York Daily News y New York Post- y los principales canales y estaciones de radio informaron de un incremento en la criminalidad violenta contra personas mayores. El público recibió esta impresión y prontamente se exigió castigo a los responsables que, rápidamente, se identificó con jóvenes, con antecedentes penales, provenientes de los barrios "negros"(Cfr. FISHMAN, Mark, Crime waves as ideology, Social problems, 1978, pág. 531 y ss.).

     Las estadísticas, incluidas las policiales, demostraron la absoluta falta de asidero de la presunta ola de criminalidad. A pesar de que el 28% de las informaciones sobre temas policiales versaban respecto a los "delitos contra ancianos", el asesinato de ancianos involucraba menos del 1% de los hechos denunciados e, inclusive, había disminuido respecto al año anterior.

     El Profesor de la Universidad de Münster, Alemania, Dr. Hans Joaquín Schneider, ha efectuado importantes aportes al estudio de la relación entre criminalidad y medios de comunicación.

     El ha sostenido que "En "el mundo de la criminalidad de los medios de comunicación" el delincuente es injusto, antipático, desconsiderado y egoísta. Normalmente tiene antecedentes penales y comete sus delitos conforme a un plan. Sus motivos permanecen ocultos o son –como la mera codicia o sed de venganza- de naturaleza superficial. Las causas más profundas de las infracciones del derecho no son contempladas. La evolución de la personalidad y la carrera criminal del delincuente no son abordadas de forma suficientemente diferenciada. Sobre su procedencia, la clase social de sus padres, las condiciones de habitabilidad de la casa paterna o sus rendimientos en la escuela no se hace indicación alguna. ...En la presentación de los medios de comunicación , el suceso criminal es sacado de su contexto social y personal y encajado en procesos imaginativos prefabricados y alejados de la realidad. Con este distanciamiento, la criminalidad se convierte en algo tan dramático, emocionante y sensacionalista, como irreal e incomprensible"(SCHNEIDER, Hans Joaquín, La criminalidad en los medios de comunicación de masas, en "Doctrina Penal", Depalma, 1989, Tº 12, págs. 82/83).Además, Schneider demostró que, en Alemania, esto ocurría –con prescindencia de sus distintos estilos- tanto en los diarios conocidos como "serios" como en aquellos calificados de "sensacionalistas".

     Las referencias a las formas de informar sobre la criminalidad tiene como objeto demostrar como la opinión publicada –no necesariamente verdadera- incide y produce un fenómeno de interacción con la opinión pública.
Si ello ocurre en temas en que, en principio, los medios no tienen intereses propios en juego, cuanto más deberá tenerse presente en aquellos en que si pudieran existir.

     En consecuencia, a los riesgos permanentes de ataque a la libertad de prensa, el final del siglo XX agrega uno más que deberá concitar la atención de aquellos preocupados por la cuestión: los intereses económicos y políticos de los propios dueños de los medios.

     Es que resulta indudable que aquellas corporaciones que, por ejemplo, son propietarias de medios y, a su vez, dueña de intereses en empresas privatizadas -–oncretamente, el caso del Multimedios América y los servicios aeroportuarios- enfrentan una grave contradicción cuando deben informar sobre estos últimos: privilegiar la verdad o sus intereses económicos.

     Uno de los grandes dilemas del próximo siglo será encontrar los medios de impedir que las restricciones a la libertad de prensa provengan de los dueños de las empresas periodísticas.