Si el trabajador no invocó ni probó ninguna razón que justifique invalidar o apartarse de lo convenido en el acuerdo extintivo celebrado con la parte empresaria, ni tampoco alegó vicio de la voluntad, ni de los términos del acuerdo surge que hubiese un aprovechamiento o abuso de parte del empleador, corresponde el rechazo del reclamo tendiente al cobro de indemnizaciones y remuneraciones reclamadas sobre la base de la invalidez de lo pactado.
La falta de impugnación del acuerdo extintivo del contrato de trabajo tres años después de su celebración constituye una prueba evidente de que el trabajador lo acordó voluntariamente y por su propio interés ya que, en caso contrario, habría impugnado la validez del acto inmediatamente de celebrado, como lo exige el más elemental sentido común y el principio de buena fe.

ASPECTOS FUNDAMENTALES

Buenos Aires, 27 de junio de 2000

El doctor Horacio Héctor de la Fuente dijo:

El accionante apela la sentencia que acordó pleno valor al acto extintivo del 25 de julio de 1994 celebrado por aquél con la demandada, lo que determinó el rechazo de su pretensión de percibir la indemnización y remuneraciones que reclama.

En mi opinión el recurso debe ser rechazado ya que el actor no invocó ni probó ninguna razón que justifique invalidar y apartarse de lo convenido en el acuerdo extintivo celebrado con la demandada (art. 241, LCT), ni tampoco alegó vicio de la voluntad, ni de los términos del acuerdo surge que hubiese existido un aprovechamiento o abuso por parte del empleador.

Como lo señala acertadamente el a quo, el sólo hecho que el actor formulara su reclamo casi tres años después de celebrado el acuerdo constituye la prueba más evidente que aquél acordó la extinción del vínculo voluntariamente, por su propio interés, ya que en caso contrario habría impugnado la validez del acto inmediatamente de celebrado, como lo exige el más elemental sentido común y la necesidad de proceder en todo momento con buena fe.

Por lo expuesto propicio se confirme lo decidido en origen.

SOBRE LA IMPUGNACION DEL ACUERDO EXTINTIVO DEL
VINCULO LABORAL

NOTA AL FALLO

Carlos POSE

La "renuncia negociada" constituye una figura jurídica singular dentro del derecho positivo pues el legislador laboral omitió su regulación y estableció pautas adversas a su institucionalización, al subordinar la validez de todo acuerdo transaccional, conciliatorio o liberatorio a la previa homologación judicial (conforme art. 15, LCT), y perfilar requisitos formales estrictos aplicables a la figura de la simple renuncia como acto abdicativo de un status laboral (conforme art. 240, LCT).

El artículo 241 de la ley de contrato de trabajo admite, en tal sentido, la posibilidad de extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo a condición de que tal acto se instrumente mediante escritura pública o ante la autoridad -judicial o administrativa- del trabajo, pero no menciona que tal extinción pueda acordarse a cambio de un precio -negociación de la ruptura del vínculo- lo que llevó a que, en ocasiones, tales pactos disolutorios no fuesen instrumentados o, en su caso, fuesen instrumentados equívocamente, haciéndose referencia a la extinción del vínculo por mutuo acuerdo y al pago de una gratificación entregada por la empresa al operario como reconocimiento a los servicios prestados y no como rédito emergente de la ruptura del vínculo.

Pero la crisis económica que afectó -y afecta- al sector productivo y la creación de sistemas de retiro voluntario dentro del ámbito de las empresas públicas llevó a que, poco a poco, tales acuerdos extintivos fueran instrumentados lealmente, lo que motivó las típicas controversias judiciales al cuestionarse su legalidad y operatividad frente al principio de irrenunciabilidad que inspira la disciplina laboral (art. 12, LCT).

Bajo este esquema de pensamiento, y teniendo presente que la realidad económica y social superaba las previsiones legislativas, un amplio sector de la doctrina se inclinó por aceptar la validez institucional de la figura de la renuncia negociada salvo cuando ocultase un despido incausado del dependiente o implicase su renuncia a todo o parte de la indemnización que le hubiese correspondido(1).

Para que la figura tuviese plena recepción jurisprudencial fue necesario que el Alto Tribunal diese su aval, lo que hizo al señalar que corresponde descalificar el pronunciamiento judicial que, al hacer extensivos los principios que rigen el despido arbitrario a un distracto por mutuo acuerdo, recepta el reclamo de diferencias indemnizatorias prescindiendo de la voluntad de las partes y alterando la base de cálculo fijada en el negocio jurídico rescisorio (conforme CSJN - 2/7/1993: "Marchese, Rafael y otros c/Autolatina Argentina SA"(2).

Al presente, la adhesión de los trabajadores a un régimen o sistema de retiro voluntario -que ha sido, incluso, instrumentado por el Estado para posibilitar la privatización de las empresas públicas- goza de pleno reconocimiento jurídico(3), sin perjuicio de que es factible que se cometan abusos y que la negociación resulte ficticia, imponiéndose al dependiente la ruptura del vínculo.

Corresponde, por ende, cuando se discuta la validez del negocio jurídico rescisorio que los jueces laborales diferencien los acuerdos y/o transacciones legítimas de aquellas fraudulentas y en las que ha mediado aprovechamiento patronal de la condición de subordinación económica y jurídica del dependiente.

A tal fin, factores como la intervención -o falta de intervención- de los representantes sindicales en la negociación rupturista, la importancia del monto gratificatorio pactado y la situación económica y financiera de la empresa adquieren relevancia al momento de discernir la validez del negocio jurídico liberatorio, siendo aplicables -a todo evento- los lineamientos del artículo 14 de la ley de contrato de trabajo que condena todo fraude laboral.

En el caso que nos ocupa (CNTrab. - Sala VI - 27/2/2000 - "Cáceres, Rodolfo Juan c/COCYF SA"), el factor tiempo es lo que convenció al juzgador, a falta de una prueba en contrario, de que el acuerdo extintivo resultaba legítimo, pues el trabajador había tardado casi tres años en impug-narlo(4).

La doctrina nos parece valiosa ya que, si bien por mandato legal, el silencio del trabajador no puede implicar presunción alguna en su contra (art. 58, LCT), en el caso, como bien se señala en el fallo, la carga procesal de acreditar la existencia de un acto viciado y/o el aprovechamiento del esquema de subordinación laboral por parte del empresario correspondía al trabajador (art. 377, CPCC) y la falta de intimación oportuna del trabajador en defensa de sus derechos constituye, al menos desde un punto de vista lógico, un indicio favorable a la equidad del negocio jurídico extintivo.