EL PRINCIPIO DE INTANGIBILIDAD DE LA REMUNERACIÓN DE LOS JUECES

Por Mario Raúl Bordón (*)
09/02/04

La reciente Acordada del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que dispuso equiparar a todos los integrantes del Poder Judicial entrerriano que así lo soliciten al aumento salarial del 32% que ya habían venido obteniendo desde fines del año pasado más del 70% de los funcionarios judiciales de nuestra provincia debe servir para instalar el debate sobre un aspecto institucional muy poco conocido -y socialmente perverso en su actual instrumentación- como lo es el principio de intangibilidad de la remuneración de los jueces. 
Acerca del mismo lo primero que puede decirse constituye una verdad de Perogrullo: dicho principio surge de la letra de la Constitución Nacional y de las Constituciones Provinciales.

Pero para comprender el verdadero sentido de ésta garantía constitucional es necesario remontarse a los orígenes históricos de las instituciones existentes en Argentina que se inscriben en la filosofía fundacional del pensamiento liberal, la cual da surgimiento al Estado moderno a partir de haberse consolidado el triunfo político de una clase social sobre otra: la burguesía contra la nobleza.



SOLUCIÓN DE COMPROMISO. Adoptado el principio republicano de la división de poderes y resuelta la integración del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo a partir del sufragio universal en elecciones periódicas, quedaba por resolver el modo de elección de los miembros del órgano que iba a tener a su cargo el control jurisdiccional del conjunto de la sociedad. Ante ésta problemática los pioneros del pensamiento político liberal optaron, evidentemente, por una solución de compromiso.

Los integrantes del Poder Judicial obtendrían una legitimación popular indirecta pues deberían ser designados por funcionarios de los otros dos órganos centrales del Estado (Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado en nuestro caso), los cuales -a su vez- habrían sido elegidos por el voto directo del conjunto de la población. 

Así, el esquema político-institucional del naciente liberalismo cerraba perfectamente sin necesidad de recurrir a las ya abolidas instituciones monárquicas para el diseño del Estado moderno.

También se estableció la imposibilidad de que los miembros del Poder Judicial pudieran ser removidos discrecionalmente y se ideó un mecanismo destinado a evitar que tal remoción pudiera ser forzada a partir de la disminución arbitraria del salario de los jueces. 

Concebido, entonces, como un reaseguro para la estabilidad en el cargo nació el principio de intangibilidad de la remuneración de los jueces.



¿UN SEGURO CONTRA LA INFLACIÓN? La garantía estaba destinada, en forma puntual, a la protección de aquellos jueces a quienes los poderes políticos se propusieran cesantear arbitrariamente y decidieran intentarlo a través de una rebaja compulsiva de sus salarios que los obligara a renunciar.

Lo que se quería proteger era el monto de la remuneración habitual de los magistrados, pero eso no equivalía a institucionalizar un seguro contra la inflación para beneficiar a todos los miembros del Poder Judicial mediante una actualización automática de sus haberes de acuerdo a la variación del índice oficial del costo de vida, tal como sucede actualmente.



UN MECANISMO DE INDEXACIÓN. Sin embargo, y por aquello de que el Poder Judicial es el único órgano legitimado para interpretar las normas legales (incluso las constitucionales), la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los máximos órganos del Poder Judicial de cada Provincia fueron, paulatinamente, tergiversando éste principio y convirtiéndolo en un verdadero mecanismo de indexación de los salarios de jueces, fiscales, defensores oficiales y secretarios letrados. 

En éste aspecto se puede afirmar que el propio Poder Judicial fue juez y parte contrariando así uno de los llamados “principios generales del derecho”. Y, tal como suele ocurrir en estos casos, laudó en favor de sí mismo o sea en beneficio de sus miembros.

Esta jurisprudencia tramposa fue receptada en Entre Ríos por la Ley Provincial Nº 8.069/88, modificada parcialmente por la Ley Provincial Nº 8.654/92, que disponen la actualización de los salarios judiciales en el mes de Octubre de cada año cuando el índice del costo de vida haya superado el 15% anual.



UN BENEFICIO EXASPERANTE. Por eso lo importante no consiste en discutir la legalidad del aumento de un tercio en el monto de los salarios que ya han recibido casi todos los funcionarios del Poder Judicial entrerriano (ninguno percibía mensualmente menos de $ 3.000 de bolsillo antes de éste aumento) sino en plantearse si deben seguir vigentes normas legales tan arbitrarias y si es razonable sostener -con algún criterio de equidad social- aquella interpretación jurisprudencial claramente direccionada al beneficio exasperante de unos pocos agentes del Estado.

Ni siquiera puede admitirse el argumento de los pocos magistrados entrerrianos que se han abstenido de reclamar éste aumento alegando la difícil situación por la que atraviesan la provincia y el país. 

Porque aún en épocas de bonanza económica ésta indexación salarial seguiría siendo una prebenda institucionalizada en la medida que el resto de los asalariados del Estado y de la actividad privada no gozaran de una equivalente garantía legal de actualización periódica de sus haberes. La equidad no debe ser analizada en abstracto sino en el marco social concreto donde se la vulnera.



UNA PARADOJA. Una de las grandes paradojas de éste fenómeno es que han resultado beneficiarios de ésta actualización salarial los mismos magistrados y funcionarios judiciales que hace menos de cuatros meses dispusieron que muchos docentes de diversas ciudades de nuestra provincia, cuyas remuneraciones mensuales oscilaban alrededor de $ 400, concurrieran obligatoriamente a las aulas suprimiendo así el derecho de huelga pese al ostensible incumplimiento del Estado Provincial que llegó a adeudar varios meses en el pago de sueldos y otras obligaciones remunerativas a esos docentes.

En momentos en que la sociedad argentina comienza a comprender cuán exhaustas están sus instituciones los legisladores tienen la responsabilidad de derogar leyes inequitativas. 

Pero también sería saludable un gesto de profundo sinceramiento de todos los miembros del Poder Judicial acerca de si pertenecer al mismo constituye una opción de vida al servicio de la sociedad en su conjunto o si, por el contrario, solo se trata de acceder a un ámbito de privilegio social que se desea conservar aún a costa de inventar o mantener cualquier mecanismo institucional que resulte necesario para lograrlo.



(*) Abogado del foro de la ciudad de Concordia.

- - - - - - o - - - - - - 

Este artículo fue publicado en el matutino "El Diario" de la ciudad de Paraná (Entre Ríos) en su edición correspondiente al día viernes 22 de Agosto de 2003 (página 10 - Primera Sección).-