Los magistrados y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público tenemos, hoy, una vida muy distinta de la que teníamos hace unos pocos años, y mucho más distinta de la que teníamos hace bastante tiempo más atrás.		+ Opine sobre la nota + Recomiende esta nota + Ver opiniones

Los magistrados y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público tenemos, hoy, una vida muy distinta de la que teníamos hace unos pocos años, y mucho más distinta de la que teníamos hace bastante tiempo más atrás.

El factor determinante de esta nueva situación es, en esencia, el grave desprestigio del Poder Judicial. Si bien el descrédito está focalizado en el Poder Judicial, los integrantes del Ministerio Público también lo sufren; la sociedad no diferencia pues, en definitiva, el mejor criterio “histórico” incluyó al Ministerio Público en el Poder Judicial, entre otras razones para caracterizar la independencia de aquél, en especial del Poder Ejecutivo; y porque, en esencia, todos somos parte de un mismo emprendimiento para cuya concreción fuimos honrados con las designaciones. Esto, obviamente, sin detrimento de la autonomía del Ministerio Público que, de alguna manera, en los hechos existía con anterioridad a la acertada incorporación de aquélla en la Constitución Nacional; y, por supuesto, con las claras diferencias funcionales que desde siempre existieron entre ambas instituciones.

Las razones del desprestigio son numerosas y complejas. El examen profundo de  aquéllas excede las posibilidades de una nota. No obstante, podemos comenzar con algunos "trazos".

Un primer aspecto que no debemos perder de vista es la pérdida de confianza, en general, en casi todos los sectores dirigentes de nuestro país (en especial, el político y el gremial), y en quienes ocupan los cargos públicos (funcionarios -en sentido amplio- de los tres poderes nacionales, provinciales y municipales; de las fuerzas de seguridad, D.G.I., D.G.A.; entre otros). Las razones sobran y los ejemplos se presentan a diario. Muchos dirigentes y funcionarios han mostrado, y algunos siguen mostrando, cuán lejos están de la sociedad y de las necesidades de la gente. La crisis de representatividad es inmensa. Por esta razón, se propone con insistencia la utilización de sistemas de participación ciudadana. No obstante, el “sector político” no “renuncia” a métodos que no hacen a la verdadera representación: el mantenimiento de las listas “sábana” en los proyectos de legislación política parecería demostrarlo.

Seguidamente, en lo que atañe de modo específico al Poder Judicial, es innegable que algunos ex jueces no nos han ayudado, precisamente, a exhibir con dignidad la pertenencia al poder que integramos. Los escandalosos y oprobiosos casos por todos conocidos, algunos de los cuales concluyeron con penas de prisión -impuestas por magistrados; sobre este punto retornaremos más adelante- “hablan” por sí solos -sobre algunos otros casos muy específicos, aún no resueltos, no caben expresiones en este momento, por imperativo categórico del estado de inocencia-.

Las lamentables situaciones que se acaban de mencionar han servido, entre otros motivos, como “disparadores” de una indebida generalización sobre todos los magistrados y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público, a la que contribuyen algunos periodistas y algunos medios de comunicación que, de este modo, “obtienen noticias” que “venden”. Aquellos tristes episodios también son “aprovechados” por otras personas para “distraer la atención”.

De todos modos, para que la situación de desprestigio haya alcanzado un punto tan álgido, debería estar existiendo algún “caldo de cultivo”.

En general, en muchos integrantes de los otros dos poderes nacionales -sin importar cuál es el partido político que, circunstancialmente, haya estado o esté en el gobierno- no existe ni una sincera aceptación, ni un genuino deseo de la independencia del Poder Judicial, ni de situarse ante este poder “de igual a igual”. Valga por esto la expresión formulada por quien suscribe la presente, en otra nota: “... no son pocos los hombres políticos, algunos de los cuales, incluso, han ocupado y ocupan cargos públicos (aun de la mayor relevancia) en los Poderes Legislativo y Ejecutivo que quieren jueces ‘independientes’ ... de los hombres políticos que son sus adversarios o enemigos. Pero ... ¿también quieren que sean independientes de ellos mismos? En verdad, muchos de aquellos hombres políticos se molestan sobremanera con los jueces, cuando éstos hacen, o no hacen, lo contrario de lo que aquéllos desean o esperan” (“Remoción de magistrados. Pretensión de decidir la apertura en razón del contenido de las sentencias”, “La Ley” 1999-F, págs. 906/7; “Y considerando...” N° 11, agosto de 1999, pág. 10).

Es más, hasta se podría interpretar que una situación análoga existe aun desde lo formal. ¿Acaso se sabe, incluso entre nosotros, que según el “Orden de prelación protocolar” establecido por el decreto N° 2072/93 -obviamente, dictado por el Poder Ejecutivo nacional - los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -cuerpo que, íntegramente, es cabeza y gobierno de un poder del Estado- distintos del Presidente del más Alto Tribunal,  están situados después de los ministros del Poder Ejecutivo -de hecho, básicamente colaboradores presidenciales-, como también después del Jefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas y de los jefes de cada fuerza?

Si observamos la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional que, anualmente, realiza el Presidente de la Nación, veremos que aquellos magistrados son ubicados, físicamente, detrás de los ministros del Poder Ejecutivo. Pero si nos detenemos en la exhibición televisada de la apertura de sesiones del Congreso estadounidense veremos que, de manera opuesta a lo que sucede en nuestro país,  los nueve jueces de la Suprema Corte están sentados en primera fila; y permanecen durante toda la alocución, sin pararse y, por supuesto, sin aplaudir jamás, contrariamente a lo que hacen todos los legisladores presentes, incluídos los presidentes de ambas cámaras y demás asistentes (que se ponen de pie y aplauden al primer mandatario norteamericano en repetidas ocasiones, durante el mensaje).

La permanente “capitis diminutio” en materia presupuestaria no es novedosa. La ley de autarquía para nada es respetada. Desde un alto nivel de la función pública se manifestó (no hace mucho), haciéndose alusión a la “ineficiencia de la justicia”, que desde 1991 hasta 1997 el presupuesto del Poder Judicial se había incrementado en un 50% (más que en los EE. UU. de América). Sin embargo, si el dato fuese cierto, se trataría de una “verdad a medias”. Se omitió recordar la creación, en el período mencionado, del procedimiento oral en la justicia nacional y federal de todo el país, con la gran creación de cargos que esto implicó. Tampoco se hizo referencia a la instalación del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento. Todo con el mismo presupuesto. Por otra parte, el “quid” de la cuestión parecería estar no sólo en el aumento del presupuesto, sino también en la distribución de éste. Con toda seguridad, en la gran mayoría de los órganos judiciales que se dedican de manera específica a impartir justicia, desde 1991 hasta 1997 ni los recursos materiales, ni los humanos, se incrementaron ni cercanamente al 50%.

Por estas y otras razones he expresado, con anterioridad, que “Sería importante que los Poderes Legislativo y Ejecutivo tuvieran permanentemente presente que ... el afianzamiento y el mejoramiento de la independencia de los jueces y del Poder Judicial es indispensable. Para esto, la decisión política en este sentido, por parte de aquellos poderes, es ineludiblemente necesaria. Esta decisión se integra, de manera imprescindible, con el fuerte respeto de aquellos dos poderes por el Judicial, evitando e, incluso, impidiendo el ‘avance’ sobre este último y cualquier recorte de sus funciones y de su desenvolvimiento. Obviamente, la adjudicación y la distribución, proporcionales y adecuadas, de los recursos materiales y humanos a los órganos que se dedican, específicamente, a impartir justicia -que es la función esencial y propia del Poder Judicial- forman parte de aquella decisión política” (“El cambio de autoridades nacionales”, “Y considerando...”, N° 15, diciembre de 1999, pág. 7; el destacado es de la presente).

Faltan mencionar muchos ingredientes del “caldo de cultivo” al cual se aludió algunos párrafos más arriba, que pueden ir siendo comentados en otros trabajos. Pero debe destacarse que aquel “caldo” se presta para que se cometan muchas injusticias contra la gente de la Justicia  -vaya paradoja-. En este sentido, la utilización de las denuncias penales y las que se realizan ante el Consejo de la Magistratura por litigantes y profesionales inescrupulosos, como una suerte de “recurso” con posibilidades de lograr “excelentes resultados“ ante una decisión judicial adversa, se ha transformado en moneda corriente.

Además de la obvia e imprescindible acentuación de la autoexigencia para la mejoría del desempeño de la función, el panorama actual exige definiciones para comenzar a recuperar el prestigio dañado.

La agresión inmerecida, injustificada o injusta, debe ser respondida con firmeza.  

Es ineludible la solidaridad con quien le toca padecer una agresión de aquellas características. Hoy es él, mañana será cualquiera de nosotros. La solidaridad no es sólo un sentimiento o una actitud que tiene por destinatarios a nuestros afectos o relaciones personales, o que es consecuencia de la caridad. En este caso, la solidaridad debe ser institucional.

A quienes pretendan contraponer a esta propuesta el remanido argumento de que se nos tildará de “corporativistas”, cabe responder que el argumento no es útil: cuando correspondió juzgar a ex jueces, los magistrados intervinientes realizaron detenciones y aplicaron penas, si correspondió así -valga la contraposición con las actitudes de miembros de otros poderes-.

Tampoco es óbice la prudencia exigible para el ejercicio de la función judicial. La solidaridad institucional con firmeza, ante la agresión inmerecida, para nada se contraponen con aquella indudable exigencia.

Para recuperar el prestigio judicial debemos tener muy en claro todos los conceptos comentados, y trabajar intensamente para que, de una buena vez, se comiencen a aplicar.

1] Publicado en "Y considerando ..."  N° 21, órgano de prensa de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.
El autor se reserva todos los derechos de publicación.

[2] Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal.
Ex Secretario Letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.